La gestión del riesgo no es algo nuevo para las entidades de seguros, pues la base de su negocio es precisamente la asunción y gestión de aquellos riesgos a los que el asegurado no quiere o no puede hacer frente. Sin embargo, la nueva Directiva 2009/138/CE de Solvencia II en sus artículos 44 y 45 establece la obligatoriedad de que las entidades de seguros dispongan de un sistema de gestión de riesgos integral, de tal forma que abarque las estrategias y procesos necesarios con los que identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua los riesgos individuales y agregados a los que se exponen, exigiendo además que el órgano de gobierno de cada entidad tenga en cuenta esta información para una adecuada toma de decisiones.
¿Qué es exactamente el riesgo y cómo puede gestionarse?
De una manera muy coloquial y sencilla, podemos definir el riesgo de una compañía de seguros como “la incertidumbre ligada al resultado y viabilidad de su negocio”.
Sobre esta base, el sistema de gestión de riesgos (ERM por sus siglas en inglés) consistirá en la identificación cuantitativa y cualitativa de todos los riesgos significativos de la organización y los pasos que son tomados para su gestión, proporcionando a todas las áreas y departamentos de la entidad el marco adecuado para valorar de forma integral el impacto de todos esos riesgos a los que se expone. Es decir, bajo un sistema ERM no existirá una gestión del riesgo independiente, sino que se conseguirá un tratamiento consistente en toda la organización.
Fuentes del riesgo y acciones de gestión
La gestión de riesgos debe ser dinámica, ya que los factores que influyen en ellos son también cambiantes. Sin embargo, el marco de actuación será muy particular para cada entidad, pues un mismo riesgo impacta de forma diferente en una u otra empresa. En consecuencia, no existirá un modelo único de gestión de riesgos.
Hasta la fecha, era habitual en el sector no tener una visión integral del riesgo, pues todos los esfuerzos de gestión se dedicaban exclusivamente hacia la rentabilidad de los activos y al control de solo aquellos riesgos vinculados al contrato de seguro.
Así, por ejemplo, en el sector asegurador no era habitual comparar el riesgo asumido con la rentabilidad obtenida, pues tampoco la hasta ahora vigente normativa de Solvencia I así lo requería, ya que exigía el mismo capital regulatorio para todas las compañías (en términos porcentuales sobre su pasivo), con independencia de cuál fuera su gestión o la diversificación y calidad del riesgo de las inversiones asumidas en sus balances.
Sin embargo, el cada vez más volátil entorno económico ha añadido una amplia gama de nuevos riesgos, tanto procedentes de la propia compañía (generalmente diversificables), como aquellos otros procedentes de la industria del seguro o del entorno socioeconómico (sistémicos y por tanto de difícil diversificación), que amenazan la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones que operan en él.
En este sentido, la nueva Directiva de Solvencia II obliga a las entidades aseguradoras a evolucionar su marco de gestión, de tal manera que estas sean capaces de identificar, valorar y gestionar los riesgos vinculados a todas las acciones que desempeñan en su actividad, desde las más tradicionales vinculadas al contrato de seguro y la estimación de las obligaciones futuras de pago (provisiones técnicas), hasta las vinculadas a las decisiones de inversión, liquidez, gestión de ingresos y gastos (ALM), calidad y concentración de emisores y contrapartes, cálculo del beneficio esperado, el diseño de los productos, la suscripción y selección del riesgo, la gestión de los siniestros, el reaseguro y otras técnicas de mitigación, la gestión y asignación del capital regulatorio y de solvencia, modelos internos, etcétera.
Además, un adecuado sistema de gestión de riesgos deberá incluir la valoración del impacto que sobre el negocio de la entidad tendrían determinadas situaciones estresadas del entorno económico (valor de mercado y tipos de interés) y del comportamiento de los asegurados (caída masiva de pólizas).
Este sistema se completa con un control y una auditoría internos que alerten de los riesgos operacionales vinculados a las personas, sistemas y procesos utilizados en el desarrollo de la actividad, y que deberán recogerse en un mapa de riesgos con las correspondientes alertas en función de su frecuencia e impacto.
Adaptación en la Mutualidad
La reciente historia financiera nos ha enseñado cómo una inadecuada gestión y conocimiento del riesgo asumido puede llegar a acabar con entidades teóricamente consolidadas, pero también nos ha dado las pautas y alertas necesarias para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
En este sentido, la Mutualidad de la Abogacía entiende que “el mayor riesgo es el riesgo de no hacer la gestión del riesgo”, para lo que ha desarrollado e interiorizado en su organización un sistema de gestión que reúne todos los requisitos de identificación y valoración antes comentados, de tal forma que la toma de decisiones de los puestos directivos y el Órgano de Gobierno esté siempre lo suficientemente bien fundada e informada. Así, si bien no evitará por completo una posible desviación desfavorable del riesgo asumido, sí estará en disposición de controlar, mitigar y, llegado el caso, transferir su impacto mediante la activación de los instrumentos y palancas de gestión creados a tal efecto.
De esta manera, la Mutualidad de la Abogacía garantiza la solvencia, estabilidad y viabilidad futura de su negocio y por tanto la seguridad del ahorro de sus mutualistas tanto en el corto como en el medio y largo plazo.
