Puede que la justicia se represente con una banda sobre sus ojos, pero el abogado no puede anudarla a los propios. En el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, reflexionamos sobre el papel de los letrados en su cumplimiento.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En el congestionado calendario anual de ‘Día de…’ hay una fecha que destaca sobre todas, la del 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. Una norma de justicia universal en la que el papel del abogado es vital.
Desde su artículo 1 al 30, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra desde 1948 los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa.
Todos ellos, principios que requieren de la intervención del abogado para su garantía, como recuerda la Fundación Pro Derechos Humanos: “Los abogados ocupan una posición fundamental en la defensa de los derechos humanos ya que la mayor parte de las vulneraciones implican la violación de normas vigentes, por parte de las administraciones y poderes públicos, frente a las que se puede reaccionar activando los mecanismos adecuados de denuncia e impugnación, en vía administrativa o judicial, ante instancias nacionales o internacionales, según corresponda, en las que resulta muy recomendable (e incluso, en muchos casos, obligatoria), la intervención de un abogado”.
Además, el artículo 14 de los Principios básicos de la función de los Abogados, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece: «Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión».
Obligaciones y responsabilidades del abogado
Además de en el punto 14, en el enunciado de esos principios básicos se desgrana las obligaciones y responsabilidades fundamentales de los letrados.
Así, en su punto 12, dice “los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia”.
En cuanto a las principales obligaciones con los clientes, se destacan tres:
- 13-A: “Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes”.
- 13-B: Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses.
- 13-C: “Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos, cuando corresponda”.
Como no puede ser de otro modo, finalmente se recuerda que “los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de los clientes”.
Cómo avanzar en tres ejemplos
Una de las ponencias del XI Congreso Nacional de la Abogacía (Vitoria-Gasteiz, 2015) ahondó en el papel del abogado en la defensa de los Derecho Humanos. Hoy resulta ilustrativo recuperar sus reflexiones como ejemplo de la amplia labor del abogado en esta materia tan sensible, y la importancia que este colectivo profesional tiene para avanzar en el concepto de justicia universal.
- Discapacidad intelectual. Una asignatura pendiente del sistema judicial y la administración de justicia es derribar las barreras que para este colectivo representa el normal procedimiento, por lo que muchas de sus diligencias se deberían de adaptar a su capacidad de compresión. Un dato que ejemplifica el problema es que al 69.7% de las personas con discapacidad intelectual que ingresan en prisión no se les detecta su problema en ningún momento de todos los procedimientos seguidos hasta privarle de libertad.
- Trata de mujeres. Cruda realidad sobre la que sin duda hay más sensibilización social. Sin embargo continúa siendo un problema identificar y perseguir el delito, en parte, por la desprotección en la que quedan las mujeres que dan el paso de denunciar a sus tratantes: ¿Cómo conseguir que la víctima colabore en una situación de presión y chantaje que pone en riesgo su vida y la de sus familiares?
- Empresas. Punto donde sobre todo se enfatiza la necesidad de formación para que abogados y directivos de empresas, no solo estén capacitados para remediar las violaciones de derechos humanos por parte de las organizaciones, sino también para prevenirlas.
La especialización en Derechos humanos
Puede que la defensa de los Derechos Humanos sea esa misión que como abogada o abogado buscabas. Si sientes esa llamada, debes saber que asumes una labor muy exigente.
Una buena defensa en los casos de su vulneración requiere de forma habitual de la activación de mecanismos constitucionales poco conocidos y menos utilizados por el común de los abogados. De ahí que la defensa de los derechos Humanos conlleve una especialización específica.
En opinión de los abogados Beltrán Gambier y José Daniel Amoedo Barreiro (La abogacía frente a la justicia universal y los derechos humanos) “ya es posible considerar a los Derechos Humanos como una disciplina autónoma con principios propios, por lo que ello da lugar, naturalmente, a que un abogado se especialice en ella”.
Desde el dominio de la normativa aplicable en la materia en España, Europa e internacional a los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, desde primera instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las materias de estudio son amplias. Pasa también por el Derecho Procesal y el estudio constante de la jurisprudencia, especialmente compleja en esta área por la enrevesada casuística que acompañan a muchos de los procedimientos.
Además del trabajo por cuenta propia, el abogado especializado en Derechos Humanos puede trabajar en un despacho especializado, el departamento de Derecho Internacional de las grandes firmas o como asesor en organismos e instituciones gubernamentales o del tercer sector.
