Numerosas sentencias en los últimos meses han puesto en la palestra el sistema judicial y la confianza de los ciudadanos en la Justicia de nuestro país. Muchas son las quejas sobre la lentitud, la calidad o la independencia de nuestro sistema judicial. Pero ¿cómo valoran estos aspectos los ciudadanos? ¿Y cómo se sitúa España respecto al resto de países europeos?
Acudimos al cuadro de indicadores de la justicia de la UE de 2018 que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales.
Tiempos de resoluciones
España tarda más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia, por debajo de 200 días en segunda instancia y más de 400 en tercera instancia. Estos tiempos la sitúan como uno de los países de la UE que más tarda en resolver litigios, y ocupa el quinto lugar a la cola en este punto, aunque supone un leve descenso respecto del reporte anterior.
Si hablamos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en primera y segunda instancia España está por debajo de los 500 días de media, pero en tercera instancia está cerca de los 1.000 días para resolver casos administrativos.
Confianza e inversión
El 38 % de los españoles considera ‟muy buena» o ‟bastante buena” la independencia de la Justicia de nuestro país, lo que supone ocho puntos más que el año anterior. Mientras que el 49 % la califica de ‟muy mala” o ‟bastante mala”, frente al 58 % de 2017.
Estos datos, aunque mejores, colocan a España en el sexto lugar en cuanto a descontentos con la independencia de sistema judicial, por detrás de Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Eslovenia. Y muy lejos de países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Suecia o Irlanda, donde cerca del 80 % o más de los ciudadanos confían en la independencia de la Justicia.
Respecto al gasto en justicia, desciende en España y ronda los 80 euros por persona, entre el 0,3 % y el 0,4 % del PIB (Producto Interior Bruto). En 2010, esta inversión se situó cerca de los 100 euros por persona y desciende al entorno de los 80 euros en 2016. Si lo comparamos con otros países europeos, en Alemania el gasto se sitúa en 150 euros/persona y en Luxemburgo llega a los 200.
Número de jueces y abogados
España dispone de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, un dato invariable desde 2014 que lleva a nuestro país a los últimos puestos de Europa por delante solo de Francia, Italia, Malta, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Este dato es polémico, ya que los indicadores europeos no incluyen a los Letrados de la Administración de Justicia de España, cuya labor realizan los jueces en otros Estados.
De estos, el 60 % son mujeres juezas en primera instancia, no llegan al 50 % en los tribunales de segunda instancia y solo alcanzan algo más del 13 % en las Cortes Superiores (situándose en esta última casi a la cola de Europa en presencia de mujeres, solo superada por el Reino Unido).
Si nos fijamos en el ratio de abogados por habitante, España se aúpa hasta el quinto puesto por detrás de Chipre, Luxemburgo, Grecia e Italia. En concreto, en nuestro país hay 300 letrados por cada 100.000 habitantes, lo que significa tres abogados por cada 1.000 ciudadanos.
