Una fuerte y merecida ovación recibieron los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) al final del debate del Senado del pasado 21 de noviembre. Razones no faltaban: el pleno había aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de las personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo; una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.
Tras años de lucha, por fin han visto el fin de una “situación ignominiosa en un país al que llegó la democracia hace 40 años”, expresaron miembros de la plataforma. Un logro que, recordaron, ha surgido y se ha conseguido gracias a la sociedad civil. Por ello, quisieron agradecer el apoyo de quienes han respaldado la causa de las personas con discapacidad en este proceso largo y complejo.
El papel de la Abogacía
Las personas con discapacidad pertenecen a los colectivos vulnerables en la defensa y protección de los derechos o que presentan dificultades extraordinarias en su acceso a la justicia. En este sentido, la Abogacía cumple un papel fundamental para el que tiene que estar preparado, reforzando sus capacidades de asistencia jurídica a esos colectivos e incorporando perspectiva de derechos humanos.
En este sentido, el CERMI ha distinguido al Consejo General de la Abogacía y a la Fundación Abogacía con el Premio cermi.es 2018 en la categoría de ‘Acción Social’, premiando así su contribución en la difusión de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU entre las abogadas y abogados.
Iniciativas como el Aula en Derechos Humanos, de Fundación de la Abogacía Española, y sus acciones de capacitación en diferentes Colegios de Abogados de toda España, proporcionan formación y denuncian la situación de colectivos desprotegidos. Y la formación ya sabemos que contribuye a la eliminación de prejuicios y estereotipos, y sobre todo pone en valor las capacidades de las personas con discapacidad.
El camino por recorrer
En un día tan especial como hoy, el CERMI nos recuerda que hay 3,8 millones de personas con discapacidad en España y muchos derechos aún por conquistar. Entre ellos, aprovechan para llamar la atención sobre uno concreto: un desarrollo rural inclusivo, que libere el potencial de las personas con discapacidad que residen en el medio rural.
“En España, las mujeres y los hombres con discapacidad que residen en áreas y zonas rurales constituyen un grupo poblacional numeroso, que supera el millón de personas, con índices de exclusión social y carencia de apoyos y recursos adecuados mucho mayores que los de la población urbana con discapacidad, lo que supone una presión constante y creciente para abandonar este medio”, advierten en su Manifiesto.
Esperamos que el próximo año a estas alturas podamos celebrar que, atendiendo a sus peticiones, estas personas con discapacidad y sus familias son consideradas como agentes clave en el proceso de transformación del medio rural en ese entorno inclusivo que demandan. Y ello a través de la puesta en marcha de una Estrategia Estatal de Desarrollo Rural Inclusivo que tanto reclaman.
