Si hace unos meses era la llegada de Axiom Law a España la que volvía a poner sobre la mesa la aparición de nuevos modelos de negocio en el sector legal nacional, y con ellos el debate sobre su uberización, hoy son los efectos de la crisis del coronavirus los que provocan similares reflexiones.
Esta crisis que estamos viviendo afectará a todos los mercados, también a nuestro sector. Se espera que las firmas tengan que rebajar sus costes de facturación y que se abra un hueco para los nuevos modelos legales basados en tecnología. Pero cuidado, el nombre de low cost es engañoso.
No es nada nuevo
Hace unos años, los taxistas se vieron afectados por la llegada de Uber, una aplicación que inundó las calles de conductores low cost que utilizaban esta plataforma tecnológica. A partir de ahí, la llamada uberización se expandió rápidamente a otros sectores y al principio tímidamente al sector legal, donde aún domina el modelo tradicional piramidal de facturación por hora.
Sin embargo, los proveedores legales de servicios alternativos (ALSP, por sus siglas en inglés) no son algo nuevo, ya que han irrumpido con fuerza en otros países. Se estima que este mercado generó unos 10.700 millones de dólares de facturación en 2017 en EE. UU., Reino Unido y Canadá, frente a los 8.400 millones de dólares de 2015, con una tasa de crecimiento anual del 12,9 % en solo dos años, según el estudio Alternative Legal Service Providers 2019, publicado por Thomson Reuters.
¿De qué estamos hablando? Bajo el paraguas de los ALSP se engloban modelos completamente diferentes y dirigidos a distintos clientes, desde las big four hasta un gigante de la Abogacía por proyectos como Axiom Law o un managed legal services como Riverview Law, entre muchos otros. Eso sí, siempre existe un componente tecnológico para brindar servicios legales de manera más eficiente y efectiva.
Menor coste, mejor servicio
Al igual que en la crisis económica de 2008, se espera que la actual situación genere unos clientes que exijan cada vez más a cambio de menos, y ello implica la necesidad de reducir los costes. Todavía muchos confunden los ALPS con servicios repetitivos y de menor valor añadido, pero lo cierto es que han evolucionado mucho en la cadena de valor legal hasta ofrecer servicios sofisticados y de “alta gama”.
“Los ALSP compiten directamente con las firmas tradicionales, ya que la tecnología les permite ser más eficientes, ofrecer un servicio más transparente al cliente y con una estructura de pricing muy distinta a la hora facturable”, nos explicó hace unos meses Eva Bruch, socia y fundadora de AlterWork.
Ya están en España
Estos nuevos modelos de negocio llegaron a España hace años y habrá que esperar para saber si se expande y consolida esta tendencia tras el COVID-19. Como muestra, dos ejemplos made in Spain. Samariego Law fue el pionero en 2017. “Surge la necesidad de plantear los servicios legales de una manera distinta, para dar soluciones a los problemas legales complejos de nuestros clientes”, nos contó Fernández-Samaniego, su socio director. ¿El modelo resultante? Un híbrido entre un despacho de Abogacía de negocios, una consultora estratégico-jurídica y una plataforma tecnológica.
El segundo ejemplo, muy diferente, lo encontramos en Legal Army, “abogados empoderados con tecnología”. Son letrados expertos en negocios digitales que utilizan la tecnología para automatizar trabajos que no requieren cualificación jurídica, algo que reduce sus costes drásticamente sin perder excelencia.
Para Natalia Martos, CEO de Legal Army, es muy importante dejar claro que no responden a la etiqueta de low cost: “Seleccionamos a los mejores abogados que están cansados de seguir el camino tradicional, que quieren tener una calidad de vida y una conciliación laboral y personal, y que aspiran a llevar el cliente de principio a fin y, sobre todo, a hacer un ejercicio del Derecho divertido”. Esa combinación de talento y tecnología “nos hace mejorar la eficiencia en un 70 %”, detalla Martos.
