¿Son claros y comprensibles los textos jurídicos? Más bien al contrario, están redactados con frecuencia en un estilo complejo, críptico y difícil de leer. Ello genera obstáculos lingüísticos para que el ciudadano comprenda los textos que le imponen obligaciones o le reconocen derechos, ya sean leyes, sentencias o resoluciones administrativas.
Con el objetivo de mejorar la claridad del lenguaje jurídico nació el Libro de estilo de la Justicia, fruto del convenio de colaboración suscrito por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Real Academia Española (RAE) el 26 de noviembre de 2014.
Prestigio y funcionalidad
“No puede cumplir su función ni gozar de prestigio una Justicia que no se comprende”. Bajo esta premisa se elaboró el Libro de estilo de la Justicia, editado por Espasa y dirigido por Santiago Muñoz Machado, académico y secretario de la RAE y catedrático de Derecho Administrativo.
¿A quién va dirigido? Disponible desde el 31 de enero de 2017, esta obra está pensada para jueces, abogados y otros operadores jurídicos. Dividida en tres bloques, ofrece indicaciones sobre normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes, y utilización de términos de idiomas extranjeros.
Además, la mayoría de los ejemplos empleados en la obra están inspirados en textos reales de los corpus de la Real Academia Española y de sentencias.
“Con iniciativas como la edición electrónica del ‘Diccionario del español jurídico’, que se une a otras publicaciones y proyectos institucionales, se confirma la superación del reto que supuso la aparición de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la comunicación y la información, y la Academia demuestra que está inmersa plenamente en la sociedad digital”.
Darío Villanueva // Director de la RAE
“Si la democracia garantiza la participación de los ciudadanos en la configuración y el ejercicio del poder, es evidente que ese poder público debe manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la sociedad, de modo que un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático. En consecuencia, tecnicismo, rigor y seguridad jurídica necesariamente han de resultar compatibles con claridad, concisión y precisión”.
Carlos Lesmes // Presidente del Consejo General del Poder Judicial
“Se ha propuesto ser útil a todos los operadores jurídicos, cualquiera que sea el poder del Estado al que pertenezcan o con el que se relacionen. También, desde luego, a los ciudadanos, que son los destinatarios finales de la mayoría de las normas y decisiones, y quienes se benefician de ellas o soportan sus agravios. La claridad es un deber de las instituciones que aplican la Justicia y un derecho de los ciudadanos”.
