El próximo viernes finaliza la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático en Katowice, Polonia (COP24). Vivimos una recta final llena de grandes propósitos, búsqueda de complejos acuerdos y notorias ausencias. Y todo ello en medio de unos datos cada vez más alarmantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció un nuevo récord en los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La concentración de dióxido de carbono (CO2) fue de 405,5 partes por millón en 2017, solo similar a la experimentada por nuestro planeta hace entre tres y cinco millones de años.
La situación requiere medidas urgentes. “Somos claramente la última generación que puede cambiar la dirección del cambio climático, pero somos también la primera generación que vivirá con sus consecuencias”, dijo Kristalina Georgieva, ex comisaria europea y actual directora general del Banco Mundial, en una entrevista al diario The Guardian. España y su récord
Si hablamos de nuestro país, es desde 2012 el país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales (con la única excepción de 2014, en el que quedó en segundo lugar). Cerró el año 2017 con 30 expedientes abiertos, cuatro más que el año anterior, lo que supone casi el 10 % de los acumulados por los 28 estados.
Los casos abarcan todas las materias: la gestión incorrecta del agua, la omisión de evaluaciones en proyectos urbanísticos, la caza ilegal o la protección de espacios naturales, entre otras.
El derecho ambiental
Con estos antecedentes, ¿es España una buena cantera para el Derecho ambiental? La respuesta debería ser a todas luces “sí”, pero existen matices.
Es cierto que nuestra sociedad necesita como nunca antes de abogados especializados en la solución de conflictos medioambientales y en el cumplimiento de las normas que nos permitan frenar el deterioro de nuestro planeta. Mejorar el comportamiento medioambiental, tanto público como privado, implicaría el ahorro de costes de todo tipo.
Ahora bien, aún queda mucho por hacer en este campo, empezando por la educación. Hoy la presencia del derecho ambiental es escasa en las facultades de Derecho y posgrados. Y eso que se trata de un área del derecho muy amplia y transversal, que requiere conocer el derecho administrativo sectorial y también el procedimiento civil y el penal.
Los abogados ambientalistas
Sabiendo que muchas veces serán los propios abogados ambientalistas quienes habrán de construir su propio puesto de trabajo, tendrán ante sí un reto apasionante. Las grandes firmas cuentan con especialistas en Derecho ambiental desde hace unos años, mientras que si optas por ejercer por cuenta propia, el camino será más difícil y retador.
“Es un hecho que los abogados que trabajamos con la sociedad civil en la defensa legal del medioambiente nos encontramos con muchas más dificultades que en cualquier otro ámbito del Derecho, por la escasa aplicación de la legislación ambiental por parte de las Administraciones públicas, la complejidad de los temas en los que intervenimos y la falta de medios y tiempo para su análisis. A ello se une que generalmente nuestros clientes son asociaciones y plataformas sin ánimo de lucro y sin recursos económicos”, afirman desde RADA, una red de profesionales del Derecho ambiental. Desde esta plataforma reclaman a los Colegios de Abogados y las Administraciones públicas que organicen y promuevan servicios de asistencia jurídica gratuita especializada en materia medioambiental.
Campos de acción
En una profesión donde todo está por hacer se vislumbran muchas oportunidades de trabajo más allá de los despachos individuales o colectivos: en las plantillas de las empresas relacionadas con proyectos con impacto en el medioambiente, en las áreas de gestión de asuntos ambientales de la Administración pública, en las consultorías y auditorías ambientales que llevan a cabo las evaluaciones de impacto ambiental, entre otras. ¿Te atreves?
