La mayor parte de los países de la OCDE han eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas. En la Unión Europea, solo lo mantienen España y Francia (donde se llama Impuesto de Solidaridad sobre la Riqueza). Y, del resto, únicamente Noruega y Suiza (donde se aplica en algunos cantones).
En nuestro país, además, es muy desigual. Madrid y Baleares, por ejemplo, tienen una bonificación del 100% (es decir, no se paga), mientras el tipo superior medio en España es del 2,5%. Pero ¿qué grava y cómo se calcula este impuesto?
¿Qué es?
El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de la persona física. Devenga anualmente a 31 de diciembre de cada año, y afecta al conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular el sujeto, una vez se le reste el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como las deudas u obligaciones personales de las que deba responder.
Además, la ley establece que los primeros 700.000 euros están exentos de tributar. El valor de la vivienda habitual tampoco se computa en este tributo, ni los bienes que sean patrimonio nacional o de interés cultural.
Idas y venidas
La historia del Impuesto sobre el Patrimonio es, cuanto menos, singular. Nació por la ley de 1977 y en la actualidad está regulado por la Ley 19/1991. En el año 2008 no fue suprimido como tal, pero sí se aprobó una bonificación del 100% por el Gobierno y fue restituido nuevamente con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 —ante la caída de la recaudación provocada por la crisis— con el nuevo mínimo exento de 700.000 euros.
El impuesto ha sido prorrogado desde entonces en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, también para el año 2016. En 2014, el Comité de Expertos liderado por Manuel Lagares propuso su eliminación con el fin de evitar las duplicidades e ineficacias de la aplicación actual y asegurar la prevalencia de los principios de proporcionalidad y no discriminación.
