Entre los principales retos de la junta de gobierno que encabeza destaca tratar de que esta profesión sea más conocida entre otros colectivos, incluido el de la Abogacía, y dar respuesta a las necesidades sociales y actualizaciones normativas y tecnológicas del sector asegurador y financiero.
Gil de Rozas destaca la importancia que tendrá la colaboración de actuarios y abogados en la aplicación del baremo de autos. En cuanto al sistema de pensiones y los diferentes modelos de previsión social, el entrevistado afirma que el objetivo es complementar y crear nuevo ahorro para que, llegada la jubilación, no se dependa exclusivamente de la prestación pública y esta se pueda compaginar con la parte privada. Como propuesta, añade que cualquier persona en España, al igual que en los países de su entorno, debería tener tres fuentes de financiación complementarias basadas en los tres pilares de previsión social: público, empresarial e individual.
Se cumple su primer año como presidente del Instituto. ¿Qué balance hace de su gestión?
Parece mentira que ya haya pasado un año… Lo ha hecho muy deprisa por las ganas que teníamos y tenemos de trabajar para y por los actuarios y la sociedad. Diría que lo principal es el importante impulso que esta junta está dando a todas las actividades que llevamos a cabo: la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera y los grupos de trabajo sobre pensiones, longevidad, Solvencia II, función actuarial, etc. Además, somos conscientes de que la presencia y relevancia que la profesión está teniendo en las instituciones es cada vez mayor, como así lo demuestra la buena relación y colaboración con la Dirección General de Seguros, el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad… Quiero además mencionar la buena predisposición, no solo de los miembros de la junta de gobierno, sino también del siguiente nivel; cada vez más gente quiere estar cerca del Instituto.
Por tanto, el balance de este año es muy positivo, si bien aún queda mucho por hacer para que la profesión sea conocida y reconocida en toda su amplitud más allá del sector financiero y asegurador, y por supuesto en el entorno de la Abogacía, la magistratura y la fiscalía, entre otros.
Nos puede explicar con más detalle en qué consiste la función del actuario. Como usted dice, parece que no acaba de conocerse lo suficiente…
El actuario es un profesional que aglutina distintas disciplinas, como la economía, las matemáticas, la estadística, aspectos jurídicos, contables, etc., con el principal propósito de identificar, valorar y gestionar los riesgos financieros, técnico-aseguradores, biométricos, demográficos…, así como tratar de darles una solución económica.
Históricamente el trabajo del actuario ha sido reconocido por su actividad en el sector financiero y asegurador (vida y no vida), así como por la dedicada a las pensiones y la previsión social. La visión del actuario es, principalmente, aportar su conocimiento, experiencia y compromiso con el objetivo final de poder construir una sociedad mejor, consiguiendo que la propia sociedad, los organismos relevantes y todos los sectores productivos de España valoren dicha aportación como excelente.
Realmente, en estos ámbitos la profesión está consolidada, pero es ambiciosa en la medida en que estamos intentando ocupar espacios que no hemos tenido hasta el momento. Un ejemplo claro de esto es el baremo de autos, pues se ha cambiado radicalmente a la hora de tarificar riesgos e indemnizaciones a los lesionados, y para cuyo desarrollo la participación del actuario ha sido vital.
En este ámbito, se prevé que ese cambio en las indemnizaciones tenga un impacto importante en la mejora de la sociedad y el mundo legal, pues además de que las indemnizaciones serán más altas para la persona afectada, habrá casos en los que las partes no se pondrán de acuerdo y por tanto aumente la litigiosidad. En estos casos, el concurso de un perito actuarial será imprescindible.
“El sector asegurador en España es más solvente y reconocido en comparación con otros países”
Ya nos ha adelantado algo, pero quiero insistir. Como profesión colegiada que busca el beneficio social, su gestión en el caso del nuevo baremo de autos ha sido fundamental para los abogados… ¿Cree que los actuarios son suficientemente conocidos por el mundo de la Abogacía?
Es muy posible que tengamos que hacer un esfuerzo adicional para ser más conocidos por la Abogacía y la magistratura. Es un área de actuación recogida en la junta de gobierno y, sin duda, tenemos que dar más pasos para que los abogados en conjunto no solo nos conozcan, sino que nos utilicen cuando nos necesiten, ya que muchas veces la Abogacía no conoce qué puede hacer un actuario y recurre a otro tipo de profesionales que no reúnen la cualificación necesaria para determinadas valoraciones. Por tanto, es una necesidad que abogados y actuarios vayamos de la mano. Ambas partes tendremos que ser generosas para entendernos y aportarnos mutuamente. Va a ser una cuestión de ganancia mutua.
La razón es que en cuestiones como cálculos sobre lucros cesantes, al no solo contemplar riesgos financieros, sino también biométricos, el profesional más adecuado es el actuario. Y ahí nosotros debemos ser proactivos por un doble beneficio: para que el profesional de la Abogacía y el ciudadano afectado se sientan respaldados.
El Instituto de Actuarios Españoles y la Mutualidad comparten sus valores de independencia, integridad y transparencia. ¿Cómo deben marcar estos principios la toma de decisiones financieras en relación con la política de riesgo en las inversiones?
Dentro del propio Instituto, los valores acordados por la junta en este mandato de cuatro años son los que menciona en su pregunta. Son los únicos objetivos que nos guían. Está el asunto de la independencia, por la que vamos a ser íntegros con nuestro propio criterio y defender la profesión y aportar valor a la sociedad; transparencia, porque contamos lo que hacemos; y la excelencia como cualidad que siempre ha caracterizado a la profesión del actuario. A la hora de aplicar estos valores en las decisiones dentro de las inversiones, hay que analizar la coyuntura actual en la que la rentabilidad o los tipos de interés son excepcionalmente bajos.
Precisamente una mutualidad como la de la Abogacía, que no tiene ánimo de lucro, es uno de los instrumentos que mejor puede trasladar esos valores que estaba mencionando. Y es que siendo un sistema estrictamente de capitalización, la Mutualidad de la Abogacía muestra la parte positiva y humana de este tipo de modelos. Claramente, en el caso de la Mutualidad, y desde mi punto de vista personal y profesional como actuario y consultor, la prudencia en sus decisiones de inversión y gestión es una de sus virtudes, como así lo muestran los resultados excepcionalmente buenos que está cosechando. Parece una buena alternativa de inversión.
“Tenemos que dar más pasos para que la Abogacía nos conozca y nos utilice cuando nos necesite, ya que muchas veces esta no conoce qué puede hacer un actuario”
¿En qué se traduce la colaboración entre las dos instituciones para los mutualistas?
El Instituto está a disposición de los mutualistas y del mundo de la Abogacía para todo aquello que necesiten, y entre lo que me gustaría destacar la variada oferta de formación dirigida a los profesionales de la industria del seguro y mutualidades de previsión social en materia de baremo, impuestos, previsión social, así como a los vocales de las juntas de gobierno en materia actuarial y financiera que la nueva normativa les exige.
Quizá, entre nuestros retos de futuro debamos priorizar el acercamiento al Consejo General de la Abogacía y otras instituciones del mundo jurídico, pues sin duda los profesionales a los que representamos encontraremos valor mutuo en este acercamiento.
Además, el Instituto, desde su posición de influencia social e institucional, ha colaborado muy activamente en que el sector asegurador español esté superando con éxito todos los cambios normativos, organizativos y de mejora de su trasparencia al ciudadano, y por supuesto a asegurados y mutualistas.
En este sentido quiero agradecer y reconocer especialmente el caso concreto del subdirector general de la Mutualidad de la Abogacía, Fernando Ariza, pues su colaboración y aportación como vocal de la junta de gobierno del Instituto están siendo muy valiosas para las mutualidades y el reconocimiento de la profesión actuarial.
¿Cómo se han adaptado los actuarios y el propio sector asegurador al entorno normativo de Solvencia II y de la gestión de riesgo?
La adaptación a Solvencia II ha sido, en general, muy buena. Considero que el sector asegurador en España, en comparación con otros países de su entorno, goza de buena salud, es más solvente y reconocido, pues ha desempeñado un esfuerzo muy importante aunque sin duda tendrá que continuar en los próximos años.
Por otro lado, no solo para la valoración de los riesgos, sino también para fomentar la independencia de criterio y evitar posibles conflictos de interés, Solvencia II ha colocado en una posición muy relevante a la función actuarial. Para su mejor gestión y conocimiento de los actuarios y la industria del seguro, el pasado mes de junio creamos un grupo de trabajo específico liderado por Fernando Ariza y conformado por otros profesionales de primer nivel que, de una forma voluntaria y generosa, han aportado sus conocimientos.
Estas iniciativas son las que queremos potenciar, es decir, que cada vez más gente de primer y segundo nivel arrastre a toda la profesión y comparta sus sinergias y conocimiento en beneficio de los actuarios, la industria y la sociedad.
“El cambio en las indemnizaciones del baremo de autos tendrá un impacto en el mundo legal”
Los actuarios no tienen la bola de cristal, pero casi. ¿Cómo se dibuja el futuro y la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país?
La profesión actuarial y el Instituto queremos dar nuestro propio punto de vista a la sociedad sobre el tema de las pensiones. Es una cuestión que se nos está demandando. Y nosotros, en base a los valores mencionados anteriormente, queremos ofrecerla. Hemos pedido comparecer en el Pacto de Toledo, porque consideramos necesario, desde nuestra perspectiva profesional, trasladar cuál es nuestro diagnóstico.
En general, es una realidad que el sistema actual de la Seguridad Social está en déficit por sexto año consecutivo. Este año la cifra asciende a 18.000 millones. En el pasado se utilizó el fondo de reserva, que sabemos que se está agotando y en el que solo quedan 15.000 millones. La siguiente alternativa será pagar más impuestos o endeudarnos más. A nadie le gusta pagar más impuestos… y para endeudarnos tenemos que analizar los niveles de endeudamiento, que están en torno al 100 % del PIB.
El segundo pilar, es decir, los planes complementarios de empresa, tiene que jugar un papel más relevante del que tiene en la actualidad. La idea no es sustituir lo público con lo privado, por eso son complementarios. El objetivo es complementar y crear nuevo ahorro para que las personas, en el momento de la jubilación, no dependan únicamente de la prestación pública y puedan compaginar la parte privada y la pública.
“Tenemos que dar más pasos para que la Abogacía nos conozca y nos utilice cuando nos necesite, ya que muchas veces esta no conoce qué puede hacer un actuario”
Y también estaría el tercer pilar, donde la previsión complementaria es de carácter individual…
La propia OCDE, en sus recomendaciones, también habla de que los sistemas de previsión social complementarios no están desarrollados suficientemente en España. Cada vez vivimos más, cada vez nacen menos niños y la realidad es que vamos a tener que jubilarnos más tarde. En consecuencia, habrá que ahorrar en un plan complementario para mantener el nivel de vida que hoy tienen nuestros pensionistas. Esto se va a hacer a través del segundo y el tercer pilar.
El tercer pilar siempre va a estar para complementar los dos anteriores. Es una decisión individual y voluntaria, y también habrá que incentivarla. Además, el segundo y el tercer pilar serán compatibles. Cualquier persona en España, al igual que en los países de su entorno, debería tener tres fuentes de financiación, estos tres pilares. Actualmente, en general, solo tenemos el primero. En el caso de la Mutualidad, como alternativa a la Seguridad Social, el primer pilar queda suprimido. Y hablamos de un sistema de capitalización en el que los mutualistas conocen perfectamente lo que van a recibir, a diferencia de lo que ocurre en el sistema público actual, donde hay una expectativa sin concretar, porque no hay información.
“La adaptación a Solvencia II ha sido, en general, muy buena, lo que nos lleva a tener un sector asegurador con buena salud”
En general, los productos de la Mutualidad están basados en la flexibilidad y las necesidades individuales. ¿Piensa que el sector asegurador está suficientemente preparado para satisfacer un sistema de pensiones basado en ese tercer pilar?
A la vista de lo ya comentado, la Mutualidad y el sector asegurador español son lo suficientemente maduros, solventes y rigurosos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos respecto al ahorro complementario y alternativo, por lo que resulta evidente que, cada vez más, se debería fomentar el ahorro complementario a la Seguridad Social.
Sin embargo, también es una realidad que la actual situación de bajos tipos de interés y los elevados requisitos de capital regulatorio exigidos a los seguros de ahorro a largo plazo por la normativa de Solvencia II, desincentivan al sector asegurador a comercializar productos de ahorro y pensiones vitalicias que satisfagan las necesidades de ahorro a largo plazo que la sociedad demanda y que complementen así su pensión pública.
Gregorio Gil de Rozas
Licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo y en Actuariales por la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad es responsable de pensiones en Willis Towers Watson y desde 2016 preside el Instituto de Actuarios Españoles, órgano al que ya estuvo vinculado como vocal de la anterior junta de gobierno y como responsable del Comité de Pensiones.
