Desde el pasado 29 de mayo, día de su aprobación en el Consejo de Ministros, el ingreso mínimo vital (IMV) está en boca de todos. “El instrumento más potente que existe para la redistribución de la renta”, aseguró entonces el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Este afirmó que la clave de su éxito reside en que permita a sus beneficiarios salir del umbral de la pobreza a través de estrategias de inclusión social. Pero ¿qué es el IMV? ¿Quiénes pueden percibirlo? ¿Cuál es el plazo para solicitarlo?
Qué es y su cuantía
El ingreso mínimo vital es un subsidio que irá desde 461,5 € al mes en 12 pagas (el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo), a 1.015 € también en 12 pagas (algo menos del salario mínimo interprofesional).
La cuantía de la ayuda depende del tipo de hogar (número de miembros, familias monoparentales, etc.) y pretende reducir un 80 % la pobreza extrema en España. El subsidio cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para cada tipo de hogar.
Se estima que el IMV llegue a 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños y monoparentales. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30 % son menores, y el 16 % de los beneficiarios serán hogares monoparentales (casi un 90 % encabezados por una mujer).
Plazo y requisitos
El plazo para solicitar el ingreso mínimo vital comienza el próximo 15 de junio. Además, las solicitudes presentadas durante los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre), una vez aprobadas, se cobrarán con efectos retroactivos desde el 1 de junio (siempre que el beneficiario cumpliera los requisitos desde esa fecha).
¿Quiénes pueden solicitarlo? La Seguridad Social ha puesto en marcha el simulador donde, además de comprobar de manera orientativa si se cumplen las condiciones para tramitar la prestación, podemos conocer el importe aproximado que se percibirá si se cumplen los requisitos.
Entre estos, el beneficiario no puede superar un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se pretende asegurar el acceso a personas realmente vulnerables y no solo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez.
