El responsable de la Seguridad Social ha vivido en su cargo los estragos de la crisis en el sistema nacional de pensiones, que ha puesto en jaque su viabilidad. Ahora que la recuperación es un hecho, aboga por analizar el futuro del sistema dentro del marco del Pacto de Toledo y fuera de la arena política. Y todo con el ruido de sables de las manifestaciones de pensionistas de fondo.
Su llegada a la Secretaría de Estado coincide con la peor crisis económica de nuestro país de las últimas décadas. A pesar de eso, el Gobierno ha conseguido invertir la tendencia en el sistema público de pensiones. Exponga alguna cuestión novedosa que confirme esta situación.
Sí, es cierto. Con el Gobierno socialista la Seguridad Social perdió más de tres millones de afiliados y, obviamente, esta circunstancia produjo el hundimiento de los ingresos. Se pasó de un superávit del 1,31 % del PIB en 2008 a un déficit del -0,04 % en 2011, lo que supuso un desplome en el resultado de la Seguridad Social de unos 15.000 millones (el 1,4 % del PIB).
El déficit del sistema tiene como causa el desempleo masivo que se generó. Sin embargo, gracias a la sociedad española y como consecuencia de las reformas emprendidas desde el año 2013, el análisis de la evolución del sistema durante los últimos años muestra indiscutiblemente una reversión de la tendencia en contraste con la fuerte caída de los años anteriores.
Y lo hemos conseguido con la convicción de que no se podía retroceder en el nivel prestacional alcanzado, sino que incluso se debía avanzar en él. Así, tomando como referencia la evolución de diciembre de 2011 hasta febrero de 2018, el número de pensiones contributivas es de 9.573.282 (701.847 más = +7,91 %); la nómina mensual de las pensiones contributivas ascendió el pasado mes de febrero a 8.925.120,21 € (+24,15 %); el número de pensionistas se incrementó en un 7,84 %, pasando de 8.066.507 en 2011 hasta los 8.699.056 actuales, y ello sin olvidar que en España hay casi de 870.000 pensionistas que reciben más de una pensión. Además, la pensión media de jubilación ha crecido un 16,75 % (de 923,73 hasta 1.077,52 €/mes) y la pensión media de los nuevos jubilados se ha incrementado en un 11,7 % y ha alcanzado los 1.362,68 €/mes.
En definitiva, las reformas llevadas a cabo nos han permitido iniciar la recuperación, pagando más y mejores pensiones y a más pensionistas que nunca. Todo ello, habiendo mantenido uno de los sistemas con coberturas más amplias y generosas del mundo, que ha sido capaz de resistir una dura y prolongada crisis, sin merma de sus obligaciones y extendiendo su oferta prestacional.
Sin embargo, no conviene olvidar que su mantenimiento en el medio y largo plazo exige la continuidad en la adopción de reformas, siempre en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo y dejando al margen las confrontaciones políticas entre los distintos partidos. Las pensiones no se garantizan con discursos, sino con políticas serias y eficaces pensando en las próximas generaciones.
¿Qué mecanismos se pueden desarrollar que permitan atender no solo las demandas actuales, sino también el desafío demográfico?
El desafío demográfico no es algo totalmente nuevo. Desde hace ya un tiempo, Europa y el resto de regiones desarrolladas nos estamos enfrentando a una transición demográfica que plantea, en particular, dos grandes retos: el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.
Como he comentado, la finalidad del Gobierno de España ha sido desde su llegada garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y hacer frente a los efectos de la reciente crisis económica. Pero, además, hemos querido anticiparnos al envejecimiento futuro de la población.
Así, desde el año 2013 hemos puesto en marcha numerosas reformas del sistema en este sentido, entre las que me gustaría citar las siguientes:
Reformas dirigidas a elevar la edad real de jubilación e incentivar la prolongación de la vida laboral, aprovechando talento y recursos: como el ajuste de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada o la posibilidad de compatibilizar la actividad laboral con el percibo de la pensión de jubilación a través de la nueva modalidad de jubilación activa.
Hemos implantado por primera vez en España la contribución demográfica de las mujeres, a través del complemento de maternidad en pensiones para mujeres con hijos. Hoy día el número de pensiones que disfrutan de este complemento asciende a más de 350.000.
La incorporación del Índice de Revalorización de Pensiones, que pretende acompasar en el tiempo el incremento de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, y ajustar así al máximo el déficit/superávit del sistema.
La introducción del Factor de Sostenibilidad, con entrada en vigor en 2019, que liga la evolución, entre otros factores, de la esperanza de vida al importe de la pensión.
Ahora nuestro sistema es más seguro, más viable y más estable. Porque una sociedad envejecida no es sociedad problemática, sino que sus retos cambian y hay que enfrentarse a ellos con soluciones globales y responsables.
Mirar el modelo de otros países puede ser una alternativa para encontrar soluciones. Los expertos coinciden en el modelo mixto sueco. ¿Qué le parece esta referencia? ¿O alguna otra?
El sistema sueco es un sistema de cuentas denominadas “nocionales”. Por supuesto que todas las opiniones son respetables. Sin embargo, este sistema no solo no es perfecto, sino que también puede tener importantes desventajas. Por ejemplo, las pensiones se calculan en el momento de ser causadas, lo que no previene completamente los posibles cambios demográficos que se produzcan ni el aumento de la esperanza de vida. Además, los riesgos macroeconómicos afectan a estos sistemas en gran medida y su sostenibilidad solamente puede darse bajo condiciones restrictivas muy fuertes como el crecimiento de la productividad constante o un nivel demográfico fijo. Y no podemos olvidar que, también según numerosos expertos en la materia, el efecto de la implantación en España de las fórmulas de jubilación nocionales reduciría notablemente la cuantía de las pensiones que actualmente tenemos.
Desde el Gobierno entendemos que nuestro modelo funciona. Es eficiente y solidario; de diseño razonable y funcionamiento preciso; adaptable y flexible; siempre cambiante, pero seguro, estable y muy garantista; de una gran cobertura y muy bajo coste operativo; y atiende a toda contingencia con rapidez y precisión. Nuestro sistema es un logro social de primera magnitud y es indiscutible el respaldo de los españoles a una Seguridad Social de reparto y pública, porque es la única capaz de ofrecer una cobertura, un nivel de retorno y una seguridad imposibles de igualar por otros procedimientos.
Si además de gozar del aprecio y reconocimiento de los ciudadanos, sus gastos de gestión y organización son óptimos; si dispone de capacidades tecnológicas y administrativas de acreditada eficiencia y, además, si todos coincidimos en el modelo, nada debe impedir que acordemos su mejora y preservación… ¿Quién puede defender con argumentos sólidos su desaparición o conversión en un modelo distinto?
¿Se contempla la creación de algún fondo especial que pueda ser utilizado en otros momentos de crisis?
A lo largo de estos años, el Gobierno ha recurrido a diferentes instrumentos de financiación para asegurar el pago puntual, completo y sostenido de las pensiones y prestaciones del sistema de Seguridad Social, y en cada momento se han elegido las mejores opciones para el sistema y para el conjunto de la sociedad española y así lo seguiremos haciendo en el futuro.
Obviamente, entre estas opciones, el Fondo de Reserva se ha utilizado para financiar el pago de pensiones porque era la solución más adecuada, sencilla, directa y con menos costes de oportunidad que otras iniciativas. Pero lo que está claro es que se ha hecho siempre en la medida necesaria y para los fines establecidos legalmente.
No olvidemos que el Fondo se creó en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento de la recomendación 2.ª del apartado IX del Pacto de Toledo (1995), que señala que “el sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos”.
Nosotros creamos el fondo de reserva y quienes critican su uso son aquellos que crearon la situación que nos ha obligado a utilizarlos, pero no dicen cómo hubieran pagado las pensiones en estos duros años de crisis, con los ingresos hundidos y el empleo destruido. ¿O tal vez, como ocurrió con la “congelación” de 2011, hubieran mantenido la “hucha” y hubieran optado por deteriorar las pensiones?
Las pensiones no están más seguras porque haya más recursos en el Fondo de Reserva, o en otros fondos especiales, sino porque la economía crezca, lo haga el PIB, y el gasto en pensiones en porcentaje de la riqueza nacional sea asumible por el conjunto del país.
Confianza económica y seguridad social son un binomio indisociable. Son imprescindibles y no atienden a lógicas distintas. Trabajar en ambas asegura el futuro de todos y, según los últimos datos aparecidos recientemente, el crecimiento de nuestra economía se mantiene por encima del 3 % y se siguen creando más de 600.000 empleos en términos interanuales, lo que constituye la mejor garantía de nuestro sistema de pensiones.
Adelántenos alguna previsión sobre el calendario del Pacto de Toledo…
En este momento estamos debatiendo propuestas para incrementar los ingresos que permitan aumentar las pensiones: continuar con la separación de las fuentes de financiación, ofrecer a las personas con largas carreras de cotización que puedan calcular su pensión con toda la vida laboral en lugar de con los últimos 25 años, etc.
Esperamos que en primavera los grupos parlamentarios hayan alcanzado un acuerdo con unas recomendaciones generales, que se puedan concretar en medidas mediante el diálogo social.
Si algo caracterizó el Pacto de Toledo desde su inicio fue la pretensión común, a través de ese gran acuerdo político y social, de sacar las pensiones de la confrontación y de la lucha política. Acordando las orientaciones, prioridades y líneas de actuación; estudiando y adoptando, con rigor y seriedad, las mejores alternativas para avanzar equilibradamente en los grandes principios que inspiran nuestro modelo: la contributividad, la equidad y la solidaridad. En mi opinión, en el futuro cualquier estrategia de reforma deberá continuar la línea marcada y así considerar y atender a las nuevas prioridades sociales, a las nuevas realidades personales y familiares, a los nuevos medios de gestión y organización, a los nuevos requerimientos de elección y flexibilidad, a las nuevas actividades y formas de trabajo, a las nuevas formulaciones de prestaciones, a las nuevas exigencias de transparencia y, por supuesto, a las profundas transformaciones demográficas.
Garantizar nuestro sistema de protección social es una exigencia ética a la que todos estamos llamados por igual. Y eso exige compromisos firmes y compartidos en el seno del Pacto de Toledo para alcanzar grandes e importantes consensos. Porque la Seguridad Social es de todos y para todos. Porque los ciudadanos nos piden más Seguridad Social y no menos. Y porque quieren sentirse seguros y protegidos.
¿Cree que es posible alcanzar acuerdos con las fuerzas sociales para garantizar el futuro de las pensiones?
La participación y el dialogo social son la piedra angular de la Seguridad Social y, en concreto, del futuro de las pensiones porque legitima las decisiones y cambios legislativos que se han tomado en el pasado y se tomarán en el futuro y porque son la conexión con las necesidades y reivindicaciones de los ciudadanos a quien sirve el sistema de la Seguridad Social.
Por eso este Gobierno no ha dejado de lado en ningún momento el diálogo con los interlocutores sociales. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está constituida una mesa de diálogo en la que participan miembros del Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Hasta el momento se han abordado temas relacionados con los incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de cotización y del límite máximo de las pensiones del sistema, la evaluación de bonificaciones y reducciones sobre las cuotas, la evaluación de las propuestas de incrementos de los ingresos y su repercusión en el saldo financiero del sistema de la Seguridad Social, así como los efectos de las modificaciones de las bases máximas y pensión máxima.
Independientemente del trabajo desarrollado en esta mesa, el contacto con los agentes sociales está siendo muy fluido a través de su participación en los Consejos Generales y las Comisiones Ejecutivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina, además de su presencia en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se viene reuniendo dos veces al año desde su constitución en 2004.
Nuestro sistema es sobre todo solidaridad, apoyo y cuidado entre ciudadanos y generaciones. Por eso tenemos que preservarlo entre todos, incluidos los agentes sociales, para entregar a las generaciones futuras un modelo más completo y justo que el que recibimos.
En algún momento se ha hablado de una posible revisión de las pensiones de viudedad. ¿Nos puede comentar algo al respecto?
Existe consenso político en abordar una reforma integral de las pensiones de viudedad, y así se ha plasmado en diferentes textos normativos para que la pensión de viudedad recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante.
En todo caso, la reconfiguración de esta prestación no habría de entenderse necesariamente como una reducción de los recursos públicos que se destinan a cubrirla, sino en una reordenación y redistribución de estos, haciendo realmente efectivo el principio de solidaridad que debe presidir cualquier sistema público de Seguridad Social.
Esta reforma debe abordarse en el Pacto de Toledo con un gran consenso entre todos los partidos políticos y los agentes económicos y sociales, que hagan posible la adaptación de la pensión de viudedad a la actual realidad jurídico-social. El nuevo Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo debe establecer si mantiene las líneas generales o las modifica en otro sentido diferente. Desde el Gobierno atenderemos en todo caso la nueva recomendación sobre este asunto.
Al margen de la reforma, me gustaría señalar que en esta última etapa de Gobierno, la cuantía media de esta pensión ha crecido de 588,72 € hasta 652,17 €, lo que unido al incremento del complemento por maternidad, ha hecho que estas pensiones ganen poder adquisitivo.
Además, ahora que hemos visto incrementados de forma significativa el empleo y la afiliación a la Seguridad Social, ya hemos escuchado al presidente del Gobierno anunciar en el Congreso de los Diputados que la ley de presupuestos que será presentada próximamente incluirá una nueva propuesta de incremento de las pensiones no solo de viudedad, sino también de las mínimas.
¿Qué opina sobre la complementariedad de las pensiones? ¿Cree que supondrá una mejora para el futuro de los nuevos pensionistas?
A lo largo de los últimos años se ha debatido mucho en lo que se refiere tanto a la previsión social ofertada por el sistema público de Seguridad Social, como a la previsión social que configura el sector privado a través de sus distintas modalidades, llamadas de empleo o previsión colectiva, o la estrictamente individual.
A nadie con sentido común se le ocurre imaginar que trabajemos para enfrentar las distintas opciones de protección social de los ciudadanos ante contingencias previsibles o imprevisibles. Todas las opciones son necesarias siempre y mucho más en momentos como los que actualmente se viven en toda Europa ante un evidente escenario de cambio demográfico y longevidad extendida que va a caracterizar en las próximas décadas a la población europea en general y a la sociedad española en particular.
Dicho esto, creo que está fuera de toda duda que el Gobierno ha mantenido desde el inicio de su andadura un compromiso firme e inequívoco con el sistema público de pensiones y Seguridad Social. Y así lo ha venido plasmando en todas las decisiones a las que se ha enfrentado para defender la credibilidad social y la sostenibilidad económica de nuestro sistema.
El Gobierno promueve la cultura del ahorro para que los asegurados puedan acceder a pensiones complementarias a través de los fondos de pensiones y productos diversos que ofrecen los mercados bancarios y las compañías de seguros, pero los únicos que se ofrecen sin afán de lucro son los que gestionan las mutualidades profesionales. ¿No debiera el Gobierno apoyar esta vocación social de las mutualidades con un mejor tratamiento fiscal de las aportaciones y las pensiones que generan?
Evidentemente se trata de un tema fiscal que deben valorar aquellos organismos sobre los que recae la competencia en la materia. Pero, ahora bien, no olvidemos que estas pensiones no son complementarias a las del sistema de Seguridad Social, sino que son alternativas, es decir, el profesional puede elegir entre cotizar al RETA o a la mutualidad alternativa que le corresponda en función de su profesión.
Por tanto, el tratamiento fiscal tanto de las aportaciones como de las pensiones generadas en estas mutualidades ha de ser idéntico al dado tanto a las cotizaciones como a las pensiones de la Seguridad Social, ya que no van dirigidas al fomento del ahorro privado. De hecho, de acuerdo con la Disposición Adicional 19 de la LGSS, el tratamiento fiscal de las aportaciones es idéntico al de las cotizaciones al RETA.
Desde 1995 algunas mutualidades profesionales asumimos el reto de cubrir la acción protectora obligatoria que dispensa el RETA respecto a los profesionales ejercientes por cuenta propia, con el sistema de capitalización individual que nos exige la Ley de Seguros. ¿Cómo se valora desde el sistema público esta actividad de las mutualidades profesionales?
Como no puede ser de otra manera, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social valoramos muy positivamente la labor de todas las mutualidades de previsión social, ya que desempeñan un papel fundamental en cada uno de los denominados tres pilares, al poder actuar simultáneamente como entidad alternativa a la Seguridad Social (primer pilar), y complementaria del sistema público, tanto en el ámbito empresarial (segundo pilar) como individual (tercer pilar).
Sin embargo, resulta complicado hacer una valoración en este asunto porque, como usted sabe, desde la Seguridad Social desconocemos los datos de cobertura de estas mutualidades al no existir obligación alguna para el intercambio de datos. Por tanto, no sabemos ni a cuántos profesionales cubren ni con qué nivel de cobertura.
En Alemania la acción protectora de los sistemas públicos de previsión de los profesionales liberales también se halla compartida con el ABV (Arbeitsgemeinschaft, Berufsständischer, Versorgungseinritchtung), que es un sistema de cajas de previsión que autogestionan los propios profesionales con un sistema de coberturas de capitalización, al que pueden optar no solo los autónomos que trabajan por cuenta propia, sino también los dependientes que trabajan por cuenta ajena. ¿Sería posible estudiar en España que la actual alternatividad de las mutualidades se extendiese a los profesionales liberales por cuenta ajena?
Nuestro actual sistema de Seguridad Social se fundamenta sobre los principios básicos de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. En este sentido, la posible gestión privada de una parte de ese sistema, que solo afectaría a determinados profesionales colegiados, iría en contra de dichos principios.
Además, el Pacto de Toledo en sus recomendaciones aconseja avanzar más hacia la unidad del sistema para proteger por igual a todos los trabajadores sin excepciones. Es por ello que, al menos en este momento, no parece aconsejable plantearse la extensión de la protección alternativa a trabajadores por cuenta ajena.
