Hace más de una década, con el comienzo de la crisis de deuda, los bancos centrales se erigieron, a nivel mundial, como los guardianes de las finanzas mundiales, en un plano incluso superior a los propios gobiernos nacionales. En buena medida, los tipos bajos y las políticas monetarias expansivas han salvado al mundo económico o, al menos, han posibilitado que las crisis hayan sido menos destructivas de lo que podrían haber sido sin su inestimable colaboración. Sin duda todo ello ha tenido, tiene y tendrá un peaje: el endeudamiento excesivo, la pérdida de potencial a medio plazo. Pero hoy, con la crisis del COVID-19, como sucedió en 2008, tras Lehman, o en 2012, con el hundimiento de la deuda periférica, las autoridades monetarias siguen siendo el referente fundamental de los agentes económicos.
En ese sentido, no nos debe extrañar el acercamiento que el BCE está realizando hacia una mayor implicación en la vida económica europea, más allá de la política monetaria. En realidad se trata de hacer de derecho una situación que ya venía realizando de hecho: velar por el buen tono de la macroeconomía de la zona euro. En ese sentido, su cometido en el futuro le lleva a parecerse más a la Reserva Federal estadounidense que a un simple banco central.
Así debe entenderse el reciente anuncio de Christine Lagarde en el sentido de revisar los objetivos de inflación de la institución que dirige, eliminando el famoso “cercano, ligeramente por debajo del 2%”. Es decir, el 2% de crecimiento del IPC deja de ser una referencia más o menos automática, para subir tipos. Una medida evidentemente pensada para no entorpecer la recuperación. Pero no solo eso: Lagarde también envió mensajes descartando reducir sus programas de apoyo directo (léase compras de activos). Eso en el corto plazo. Y, a largo plazo, va tomando consistencia la implicación total del BCE en el giro hacia una economía marcada por patrones de sostenibilidad, es decir ESG. Todo ello será probablemente oficializado en la reunión del BCE del 22 de Julio e implementado en los próximos meses, incluso años. En todo caso, su efecto sobre el mercado empieza a ser descontado por los inversores.
Así pues, en un plano más mundano, nos encontramos con un mercado que quiere empezar a poner el cartel de “cerrado por vacaciones” tras un año y medio realmente exigente. No obstante, la mencionada reunión del BCE, la publicación de datos macroeconómicos clave (el IPC en EE.UU., por ejemplo) y el comienzo de la campaña de publicación de resultados del segundo trimestre pueden añadir una nota de volatilidad a corto plazo, que puede verse incluso sobredimensionada por los menores volúmenes de contratación, que ya empiezan a verse en la renta fija y variable.
Por todo ello, razonable prudencia en el corto plazo. Si bien estamos asistiendo a un cierto enfriamiento de las perspectivas de crecimiento e inflación, tal y como se preveía hace unos meses, la realidad es que el marco general no deja de ser positivo a medio plazo. Además, no olvidemos que las actuaciones de los bancos centrales tienen por objeto dar un mayor impulso a la economía, algo que debería ser favorable para mantener la senda de la normalización. En consecuencia, a la prudencia hay que añadir cierto grado de serenidad, que no complacencia. Los principales temores a día de hoy, al contrario de lo que se vislumbraba en abril, no provienen tanto de una inflación desbocada como de un crecimiento que pueda sorprender a la baja, bien como efecto del agotamiento de la propia dinámica de recuperación, bien por un empeoramiento de las condiciones de restricción social debido a nuevas cepas de COVID-19. En ese contexto, no debería extrañarnos que podamos observar correcciones de los mercados bursátiles a corto plazo, que pueden constituir oportunidades de entrada, si se mantienen el resto de condiciones generales. En cuanto a la renta fija, parece que lo más recomendable a día de hoy es armarse de paciencia estival.
