El fenómeno del envejecimiento de la población en España, con la consiguiente inversión de la pirámide poblacional, ha provocado un desequilibrio en el sistema público de pensiones que ha desembocado en una profunda reforma del mismo para así garantizar su solvencia en el largo plazo.
El problema
Para ello, el Estado introduce el llamado factor de sostenibilidad, que corrige cualquiera de estos desequilibrios financieros e intergeneracionales. La consecuencia más inmediata es que los ingresos de los jubilados tienden a decrecer, al no poder soportar el sistema público de reparto el nivel retributivo tal como hasta ahora estaba concebido. De esta manera, el Estado traslada al ciudadano la exposición financiera al riesgo de longevidad, entendiendo como tal el riesgo de que las personas vivan más de lo esperado y en consecuencia se expongan a no tener un nivel de ahorro suficiente para financiar su vejez.
Esperanza de vida y límite de la vida humana
Desde los tiempos más remotos, conocer el verdadero límite de la vida ha sido la gran inquietud del ser humano. En este sentido, una pregunta que se hacen a diario los actuarios, demógrafos o biomédicos de todo el mundo es cuánto aumentará en el futuro la esperanza de vida del ser humano; en otras palabras, cuánto tiempo estará recibiendo una persona jubilada su pensión y cuál será el nivel de ahorro individual necesario para complementarla. Para dar solución a esta pregunta existen diversas corrientes de pensamiento, como la del profesor De Grey, conocido como el “profeta de la longevidad”; el genetista italiano Edoardo Boncinelli, o la bióloga molecular Joanne Nova, que sostienen que “no existe un límite de la vida humana”, y que por tanto “podríamos estar ante la última generación de mortales”. De hecho, la Premio Nobel de Medicina en 2009, Elizabeth Blackburn, descubrió que al impulsar la actividad de la telomerasa, enzima encargada de llevar hasta el límite las sucesivas divisiones de las células, estas quedan protegidas del envejecimiento, y aunque asumiendo el riesgo de que también puedan regenerarse de forma ilimitada las células cancerosas, abre el debate sobre el límite biológico de la vida humana. Sin embargo, otros afirman que, pese a que los avances de la tecnología biomédica y de la calidad de vida puedan derivar en algunas mejoras excepcionales de la mortalidad, bajo un escenario extremo en el que los accidentes, crímenes y enfermedades infecciosas fueran las únicas causas de fallecimiento, la longevidad humana tendría un límite natural medio en los 95 años de edad.
El sector público ha comenzado ya a transferir al ciudadano el riesgo de longevidad que hasta ahora asumía
Pero más allá del debate sobre el límite de la vida humana, lo que sí es irrefutable es que, desde la segunda mitad del siglo XX, y ligada al desarrollo social y económico, la esperanza de vida en los países desarrollados ha venido aumentando casi dos años por cada década transcurrida. En consecuencia, y por su impacto sobre la calidad de vida de los jubilados, la mejora de la mortalidad necesita ser claramente entendida y cuantificada, no siendo suficiente con conocer cómo esta ha evolucionado en el pasado, sino que debemos estimar cómo evolucionará en el futuro. Para ello, tal como expone el Doctor en Biomedicina y Economía J. M. Rodríguez-Pardo, deberemos tener en cuenta que la longevidad humana se explica en un 27% por factores genéticos, un 19% por factores medioambientales, un 11% por el sistema sanitario y un 43% por el estilo de vida individual, factor este último que puede llegar a suponer un impacto de hasta 15 años sobre nuestra esperanza de vida. Dicho de otra manera, la dieta, el ejercicio físico o cuánto bebemos o fumamos puede modificar nuestra edad biológica en 15 años respecto de nuestra edad cronológica o de cumpleaños.
Ajustes del factor de sostenibilidad
Estas a priori magníficas noticias sobre nuestras expectativas de vida, plantean sin embargo un futuro incierto en cuanto al ahorro del que vamos a necesitar disponer para mantener en la jubilación un nivel de vida similar al de nuestra etapa laboral, más aún cuando el reciente factor de sostenibilidad de nuestras pensiones propone un ajuste automático en base a los movimientos de la esperanza de vida, que se traducirán en una reducción estimada de nuestras pensiones públicas de en torno al 22% sobre la prestación actual.
Adicionalmente a este “factor de equidad intergeneracional”, se introducen otros ajustes que corregirán nuestra pensión en base al ratio de dependencia, evolución de salarios, IPC o PIB, que en su conjunto estimamos que pueden llegar a mermar hasta un 45% las actuales prestaciones públicas de jubilación.
Conclusión
En definitiva, dada la mayor expectativa de supervivencia humana y los consiguientes ajustes correctores sobre la pensión pública, y más allá del debate de si en el futuro el Estado tenderá a financiar las prestaciones con impuestos o a aumentar la edad real de jubilación, es un hecho que el sector público ha comenzado ya a transferir al ciudadano el riesgo de longevidad que hasta ahora asumía. Por tanto, será el propio ciudadano quien, mediante una cultura financiera adecuada, deberá a su vez ser capaz de transferir este riesgo biométrico y financiero al sector privado, alcanzando así un nivel de ahorro suficiente que le permita mantener un adecuado bienestar en su jubilación. En consecuencia, los aseguradores deberemos ser también capaces de entender, gestionar y mitigar el riesgo de longevidad que se acumule en nuestro balance.
Las diferentes soluciones o alternativas que el ciudadano y la industria del seguro tendremos a nuestro alcance para mitigar los efectos de esta transferencia de riesgo, las comentaremos en el próximo número de la revista.
