Ni moda pasajera, ni estrategia sin horizonte. La Responsabilidad Social Corporativa, impulsada por la Agenda 2030 de la ONU, ha llegado para quedarse y para dar nuevos aires a un sector jurídico que poco a poco va tomando conciencia de su compromiso social como agente de cambio. Apostar por ella resulta clave si lo que se busca es el reconocimiento total.
Nadie discute, a día de hoy que una estrategia bien planificada y ejecutada en materia de sostenibilidad es, sin duda, la mejor herramienta para crear un proyecto empresarial de prestigio o relanzar el ya existente aportando un preciadísimo valor añadido. Los antiguos modelos empresariales basados simplemente en recursos materiales, humanos y económicos, sin más, ya no sirven. En su defecto, la credibilidad y el crédito de cualquier compañía, también de las más pequeñas, pasan obligatoriamente por saber gestionar y desarrollar otro tipo de activos que los expertos llaman intangibles. Como el conocimiento, la reputación, la ética, la cultura corporativa y, ¡cómo no!, una inteligente y globalmente beneficiosa Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Para saber de qué manera esta responsabilidad social se está integrando transversalmente en las políticas de las empresas, también en el mundo legal, asistimos al webinar Innovación social en el sector jurídico, organizado por la Fundación Mutualidad Abogacía. Allí, tres expertos nos dan su visión de las circunstancias actuales y de las tendencias en esta materia de cara al futuro.
El motor del cambio
Pero primero, hagamos un pequeño repaso. Podríamos situar el verdadero empeño empresarial hacia políticas de compromiso social en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda que, como apunta José María Palomares, subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de la Mutualidad de la Abogacía y director de la Fundación Mutualidad Abogacía, nació con la vocación de convertirse en una hoja de ruta común que nos ayudase a todos (instituciones, empresas, ciudadanos y organizaciones del tercer sector) a promover la sostenibilidad y la justicia social en la construcción de un mundo mejor. Pero y esto, ¿cómo afecta a los abogados? “Por la propia naturaleza de la profesión legal, del mundo de los abogados, la Agenda 2030 es especialmente relevante para los profesionales del derecho”, aclara Palomares. “No estamos hablando de filantropía, caridad, marketing social o solidaridad. Ese no es el objetivo. Se trata más bien de que la empresa desarrolle su negocio desde una actitud y un conocimiento consciente del impacto que tiene sobre las personas, la sociedad y el medioambiente”, afirma.
¿Supervivencia o quizás éxito?
Las empresas, por tanto, también las del sector legal, se han dado cuenta de que han de responsabilizarse de sus impactos y que han de asumir un papel como agentes del cambio. “Han tomado conciencia de que una gestión ética responsable se está volviendo un elemento clave para la supervivencia de cualquier compañía, grande o pequeña”, indica Sonia Gumpert, vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía, socia directora de Monereo Meyer Abogados y decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid entre 2012 y 2017.
Efectivamente, la RSC se ha convertido en el gran valor para adquirir una mayor reputación. El prestigio como empresa o bufete va a venir determinado por la credibilidad que genere en los grupos de interés. Y esa credibilidad es también consecuencia de la actitud ética y coherente de la empresa en la implantación de políticas socialmente responsables. “Uno de los puntos del nuevo contexto empresarial, también en los despachos de abogados, es la necesidad de apostar por una diferenciación sostenible”, explica Andrés Pina, coordinador de RSC de la Mutualidad de la Abogacía y de la Fundación Mutualidad Abogacía. “La empresa debe generar confianza y entender que, hoy por hoy, la gestión reputacional es uno de los retos básicos en las estrategias de cualquier compañía”.
Despachos más sostenibles y versátiles
Algunos despachos ya han comenzado a tomarse todo esto muy en serio. Hasta el punto de que dentro del ranking Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo que recoge las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España de todos los ámbitos, aparece una del sector legal. Se trata de Garrigues. Una buena noticia para el ámbito jurídico, ya que instaura un referente.
“Yo creo que los profesionales del derecho nos estamos dando cuenta de que la sostenibilidad nos da nuevas oportunidades de negocio. Y que a través de la innovación social se abren también nuevas perspectivas para nosotros. Cada vez más despachos incluyen prácticas responsables en sus estrategias, el pro bono por ejemplo, o la protección del entorno”, añade Sonia Gumpert, en alusión a las opiniones anteriores.
Pero Garrigues no es el único en buena praxis social. En su memoria de Sostenibilidad 2018, Uría Menéndez deja buena cuenta de cómo muchas de sus acciones y programas están en consonancia directa con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Así, por ejemplo, su Plan de Desarrollo de Talento para la gestión de la diversidad, especialmente por razón de género, comulga perfectamente con el quinto ODS de la ONU; la incorporación de becarios y graduados a través de convenios con 66 universidades, las sesiones de puertas abiertas o los programas educativos y formativos impulsados por la Fundación Profesor Uría responden al cuarto objetivo; y la formación y sensibilización continua de sus abogados sobre cuestionas éticas y deontológicas, más el trabajo pro bono, son otras dos cuestiones en perfecta relación con el objetivo 16, por citar solo algunos.
Nuevos y atractivos retos
“El compromiso de los despachos de abogados en general con la RSC gira en torno a tres ejes: la acción social, la contribución medioambiental y el pro bono (asistencia jurídica gratuita). Aunque debemos decir que con respecto a este último, que suele ser una de las acciones sociales favoritas de las firmas a nivel internacional, España está a la cola según el informe The growth of pro bono in Europe, publicado por la ONG PILnet”, explica Andrés Pina.
Por otra parte, la digitalización y la innovación en todos los ámbitos son requisitos que deben ir de la mano de la responsabilidad social en pro de una práctica jurídica que brinde nuevos y mejores servicios a la sociedad. Los retos son variados, y aunque aún queda mucho por construir y enraizar en nuestro país, algunas compañías ya han comenzado a dar grandes pasos. Ciertos despachos, como Elzaburu, por ejemplo, están implementando mejoras en sus sistemas de atención al cliente (los conocidos chatbots o asistentes virtuales); el despacho Écija ha invertido en tecnología basada en Bid Data para apostar por la Justicia Predictiva, y otros ya han aceptado el método del litigation funding (financiación de los litigios) como parte del juego al ser una gran oportunidad para algunos clientes de enfrentarse más fácilmente a un litigio en caso de no disponer de suficiente recurso financiero.
En cualquier caso, y aún con múltiples retos por delante, la Responsabilidad Social Corporativa es, como dice Sonia Gumpert, una aliada de los despachos. “Nos va a permitir ofrecer nuevos servicios al cliente, adaptados a las nuevas reglas del juego; nos impulsa a relacionarnos más y mejor con el resto de los grupos de interés y no solamente pensando en los clientes, sino en nuestras propias organizaciones, en nuestros empleados, proveedores y en las instituciones con las que nos relacionamos.” “Sin duda alguna –sentencia Gumpert–, el profesional del derecho tendrá que ir poco a poco adquiriendo esa consciencia del papel clave que juega nuestro sector en la sociedad, y comprender que tenemos que posicionar a la abogacía española como un colectivo innovador y comprometido con la ciudadanía, y con la consecución de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.
