La Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad (IAPP) ha estimado en 75.000 los DPO (Data Protection Officer) que se necesitan en Europa. La entrada en vigor del nuevo RGPD hace un año y medio trajo consigo una oportunidad laboral para los abogados digitales, así como para los profesionales en materia de privacidad. En un primer momento, se dedican a brindar asesoramiento a las organizaciones en su adaptación al nuevo reglamento y en materia de prevención, para evitar que se cometan delitos o se reciban sanciones.
Además, los abogados tienen un papel importante y permanente como DPO. ¿Cuál es su función? Proteger los datos en cada empresa, supervisando que en todo momento se cumpla lo dispuesto en el reglamento, gestionando los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento de datos y asesorando de forma permanente a la organización en materia de cumplimiento normativo de protección de datos. En su labor, actúa además como un representante o punto de contacto entre la autoridad de protección de datos y los interesados.
Una profesión con futuro
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cifra en casi 1.700 las brechas de seguridad notificadas por empresas españolas desde mayo de 2018 a diciembre de 2019. Además, en los últimos cinco años ha notificado la existencia de casi 50.000 DPO (casi 43.000 del sector privado y más de 6.000 del sector público). Queda claro que se trata de una profesión con futuro.
Pero ¿quiénes están obligados a tener un DPO? Distinguimos dos grandes grupos indicados en el RGPD: las Administraciones públicas (excepto los tribunales), centros docentes y sanitarios; y las empresas privadas que en el ejercicio de su actividad laboral tengan relación directa con el tratamiento de datos personales (por ejemplo, entidades financieras y aseguradoras, empresas energéticas o compañías telefónicas, entre muchas otras). Por supuesto, las empresas que no estén obligadas pueden designar también de forma voluntaria un DPO.
¿Quiénes pueden ser DPO?
Aunque se relaciona esta profesión con los abogados, un DPO no tiene que ser necesariamente uno, aunque sí debe poseer amplios conocimientos jurídicos, así como competencias tecnológicas.
Seguramente en el futuro se exigirá que la certificación sea obligatoria. A día de hoy no lo es, pero la gran mayoría de las empresas la exigen. Por ello, la AEPD ha establecido un esquema de certificación de la profesión.
Este permite certificar que los DPO reúnen los requisitos requeridos para ejercer la profesión y supone una garantía para acreditar tu cualificación y capacidad profesional si quieres convertirte en uno de estos profesionales.
Si eres un abogado apasionado de las nuevas tecnologías y con competencias digitales, te animamos a barajar como oportunidad laboral convertirte en DPO.
