Por María Orriols
Lejos de ser un término obsoleto y, a pesar de que en las “últimas décadas hemos realizado progresos en materia de justicia social, aún nos quedan por delante enormes desafíos. Por eso, la justicia social debe ser una constante, no debemos de cesar nunca en nuestro empeño de asegurar los derechos humanos, reducir las desigualdades y promover el empleo”, comenta Vanesa Rodríguez, Directora de Comunicación y relaciones institucionales de Pacto Mundial de Naciones Unidas en España.
El 20 de febrero es el Día de la Justicia Social. ¿Cómo se asegura que exista dicho concepto?
El trabajo para asegurar la justicia social no sólo se debe llevar a cabo por las administraciones públicas, sino también por las empresas y organizaciones. Lo vemos, por ejemplo, cuando se aplican políticas de contratación igualitarias, planes contra el acoso o la discriminación laboral o en la incorporación de grupos de riesgo de exclusión en la plantilla, acciones de comercio justo, mejoras en la cadena de suministro…
¿Por qué empezó a conmemorarse?
El establecimiento del Día Mundial de la Justicia Social se decidió por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007 por entender que es un principio fundamental: en un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, la ONU consideró que era necesario trabajar para que la justicia social fuera una realidad. Porque, en definitiva, el crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible.
En pleno siglo XXI ¿sigue siendo necesario recordarlo?
Es un concepto totalmente vigente por el que debemos trabajar. Y es que en los últimos años hemos sido testigos de grandes cambios (los adelantos de la tecnología, la globalización o el auge del comercio electrónico) que, a pesar de ser esenciales para el crecimiento de la economía mundial y el desarrollo y mejora del nivel de vida en todo el mundo, también han aumentado la brecha de exclusión y desigualdad. Lo que ha provocado que aparezcan grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una participación plena de los más vulnerables, no sólo en los países en vías de desarrollo, también en las economías más avanzadas.
-El año pasado el tema fue “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social». ¿De qué manera se trabajó en este sentido?
El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia, en el que, en lugar de cerrar la brecha de las desigualdades, ésta se ha hecho más grande, provocando la pérdida de miles de empleos y arrojando a millones de personas a la pobreza a nivel mundial. Según el Informe de Desarrollo Sostenible en Europa 2020 de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y el Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP), nuestro país avanza en el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico y modestamente en el ODS 5 sobre igualdad de género, aunque se hayan estancado los progresos en el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades. En el ámbito del sector privado, donde trabaja el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el ODS 8 y el 5 son los más trabajados tradicionalmente, lo que implica interés de las empresas por trabajar la igualdad de género y el trabajo decente.
-Este año viene marcado por la crisis del Covid-19, ¿Cómo ha influido esta situación en el ámbito de la justicia social?
Lamentablemente, la COVID-19 ha influido negativamente en el ámbito de la justicia social. La pandemia ha ensanchado la brecha de la vulnerabilidad y las desigualdades, provocando una crisis sanitaria y económica a nivel global, pero también de derechos humanos. Según el último informe de Naciones Unidas sobre la evolución del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la pandemia ha tenido efectos devastadores en los ODS, invirtiendo décadas de progreso. Es el caso del ODS 1, en el que se estima que entre 40 y 60 millones de personas se sumirán de nuevo en la pobreza extrema o las graves secuelas en el ODS 4, que han provocado el cierre de centros educativos, lo que ha mantenido al 90% de los estudiantes de todo el mundo fuera de la escuela y ha puesto de manifiesto la existencia de una gran brecha digital entre los niños y jóvenes de comunidades vulnerables y desfavorecidas. Estas cifras ponen en jaque al avance de la justicia social y subrayan la necesidad de aumentar la protección de estos colectivos antes y después de la pandemia, aspectos que deberán estar presentes en los planes de recuperación.
Además de la crisis sanitaria, la pandemia también ha influido a nivel económico ¿De qué manera deben las empresas afrontar esta situación? En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones desde el Pacto Mundial?
Desde la Red Española del Pacto Mundial consideramos que las empresas han de jugar un rol de liderazgo en la reconstrucción económica, apostando por modelos de negocio sostenibles que respeten los derechos humanos y que transformen nuestros sistemas productivos a otros más resilientes y más equitativos. En este sentido, consideramos que la Agenda 2030 es la mejor baza para acelerar la recuperación económica a nivel mundial y a su vez, contribuir a mejora del estado del planeta y de la sociedad. No en vano, su lema es “no dejar a nadie atrás”. Desde Pacto Mundial sugerimos también recomendaciones de acción para las empresas en función de cada ODS.
Desigualdad y no discriminación en las empresas son algunos de los principios que contempla el Día de la Justicia Social. ¿Cómo trabajan las empresas estos dos conceptos?
Las empresas españolas tienen muy interiorizados estos conceptos y apuestan cada vez más por el establecimiento de políticas y medidas que aseguren la igualdad entre los trabajadores y prevengan situaciones discriminatorias. En concreto, según nuestro último estudio Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial las políticas y medidas relativas a la no discriminación son un estándar para prácticamente todas las empresas del IBEX35 (97%) y la mayoría de las empresas españolas del Pacto Mundial (80%).
¿De qué manera se deben coordinar Estado y empresas para que se cumplan los preceptos que garanticen la justicia social?
El papel de la Administración Pública es, por supuesto, imprescindible para garantizar la justicia social. Su actuación es vital no sólo en términos legislativos, sino también en lo que se refiere a la asunción de políticas que favorezcan la acción de las empresas y la transición hacia unos modelos de negocio más sostenibles e integradores. Por ejemplo, desde la administración pública los últimos reales decretos en materia de igualdad satisfacen la demanda de la sociedad al tiempo que hacen que las empresas se fijen metas más exigentes respecto al ODS 5. Todo ello hace que se cree un hilo conductor entre la administración pública y el tejido empresarial, consiguiendo alcanzar unos resultados más ambiciosos de los que podrían lograrse desde la actuación individual de cada uno de ellos, los cuales repercuten positivamente en los resultados globales.
El pleno empleo y el trabajo digno son algunos de los objetivos del Día de la Justicia Social, ¿en qué situación se encuentra España en este sentido respecto al resto de Europa?
Sin duda, la creación de empleo de calidad es un reto a nivel país. Y esta no es una cuestión derivada de la pandemia, sino que se trata de un problema estructural de nuestro mercado de trabajo. Si nos remitimos al Informe de Progreso del Gobierno de España 2020, los datos de crecimiento del empleo de los años previos a la era de la COVID-19, no se tradujeron en una reducción significativa de la desigualdad y la pobreza. Una realidad que se explica por la temporalidad. De estos datos también nos alerta el informe de la OIT sobre Perspectivas sociales del empleo mundial 2019, en el que, de los 18 países europeos analizados, España es el que presenta un mayor porcentaje de contratos con una duración inferior a seis meses. El empleo es una palanca clave para salir de la crisis actual. Es importante que consigamos la meta de promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, mejorando las condiciones laborales y reduciendo el consumo de los recursos naturales.
A día de hoy, ¿es una utopía pensar en la Justicia Social en el ámbito empresarial?
Personalmente no me gusta hablar de utopías, pues sería afirmar su imposibilidad y se frenaría la carrera para conseguirlo. Creo que hay que fijarse metas ambiciosas y esta lo es. Pero las empresas cada vez están más concienciadas sobre su papel en la Agenda 2030, la cual se asienta sobre principios de la justicia social como los derechos humanos, presentes en 156 de las 169 metas contempladas en los 17 ODS. Y es que el número de entidades que está integrando este marco en su estrategia de negocios no para de crecer – actualmente más de un 85% de las empresas españolas afirma estar trabajando en los ODS – lo que nos anticipa un cambio de modelo en la forma de hacer negocios.
