Unas 5.100 millones de personas carecen de justicia, incluidos más de 1.000 millones sin identidad legal y más de 2.000 millones que trabajan de manera informal sin contratos y protección de la legislación laboral, alertó recientemente en un informe la ONU. Frente a esta realidad, uno de los 17 ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es garantizar el acceso a la Justicia para todos. ¿Qué es y qué papel juega el empoderamiento jurídico?
El empoderamiento jurídico
“Empoderamiento” es una palabra de moda, así que seguramente la habrás oído con frecuencia. Pero puede que no sepas qué es el empoderamiento jurídico, es un campo cada vez mayor de la educación, la academia y la práctica de derechos humanos que busca escuchar a las comunidades afectadas por la injusticia y revertir la situación.
La tarea se antoja ardua y completa si, como advierte la ONU, dos de cada tres personas en el mundo caen en la «brecha de justicia», incapaces de resolver las controversias en asuntos desde la apropiación de las tierras, los derechos del matrimonio o delitos violentos, entre muchos otros.
¿Qué se está haciendo?
Muchas organizaciones, como OpenGlobalRights, denuncian que no se están realizando muchas acciones, ni comprometiendo inversiones, para respaldar el ODS de acceso a la justicia. Sin embargo, afirman, la situación es más prometedora porque hay más de 1.400 organizaciones alrededor del mundo dedicadas el empoderamiento jurídico.
Un ejemplo de ello es Namati, una red global de empoderamiento jurídico formada por más de 2.100 organizaciones y cerca de 8.000 personas. Abogados y paralegales comunitarios, activistas de derechos humanos y organizadores de base, defensores de la salud y educadores, investigadores, periodistas y servidores públicos, están trabajando para promover la justicia en sus comunidades, dándoles a las personas las herramientas para que conozcan, usen y den forma a las leyes que les afectan.
La financiación del empoderamiento
El empoderamiento jurídico necesita de fuentes de financiación para funcionar. El informe de la ONU cifra en 20 dólares por año por persona en países de bajos ingresos el coste de satisfacer las necesidades legales, menos que el precio de proporcionar una educación básica o atención médica esencial.
En este sentido, OpenDemocracy ha publicado un interesante artículo sobre Cómo pagar el empoderamiento jurídico. En él advierte que la dependencia del financiamiento extranjero ha actuado como un obstáculo para la innovación, tornando vulnerables a las organizaciones, adoptando malas decisiones de gasto (incluida la extralimitación) y haciendo que no rindan cuentas ante los beneficiaros. Además, “resulta imposible lograr que la asistencia alcance el mismo nivel que la necesidad real”, afirma.
Frente a ello, propone adoptar un enfoque híbrido sobre el financiamiento jurídico, reconociendo qué tipo de financiamiento es adecuado en cada caso. También creen que es necesario focalizarse en la reducción de costes mediante la desagregación de las partes, cuando los reclamantes pueden resolver los conflictos por sí mismos, y recurrir a los especialistas cuando sea necesario; y el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia de la asistencia jurídica.
Sea como sea, hay más de 5.100 personas vulnerables que necesitan una respuesta y que cada día se enfrentan a situaciones problemáticas sin el amparo de la justicia.
