“Mi objetivo es modernizar la Administración de Justicia”
Entre sus prioridades, Catalá ha anunciado que modificará la Ley de Tasas Judiciales, revisará el Código Penal, “mejorará” la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Servicios Profesionales y potenciará la implantación de un sistema eficaz del Registro Civil.
Llega al cargo con la legislatura prácticamente en su recta final. ¿Qué proyectos quiere abordar para retomar el rumbo de la Justicia?
Somos conscientes de que contamos con un tiempo limitado para acometer las reformas que necesita nuestro modelo de Justicia. Sin embargo, este hecho no rebaja la ambición de las propuestas que pensamos desarrollar, aunque es evidente que nos obliga a establecer prioridades. Actuaremos sobre aquellos aspectos puntuales que consideramos más urgentes o completando la tramitación de otros proyectos que están en marcha.
En todo caso, ya he adelantado cuáles van a ser los dos ejes sobre los que van a pivotar las iniciativas que llevaremos a cabo: el impulso de la Justicia como servicio público y el fortalecimiento de la Justicia como Poder del Estado y elemento vertebrador de la sociedad. Además, he asumido el compromiso de que esas reformas sean fruto del diálogo y, siempre que sea posible, del consenso. Queremos contar con la participación de los propios destinatarios de las medidas que adoptemos, pues será una garantía del éxito de las mismas.
Mejorar la aplicación de la Ley de Tasas exige disponer de información real y fiable sobre la repercusión que ha tenido
En el caso concreto de los abogados, ya tuve ocasión de transmitir al pleno del Consejo General de la Abogacía cuáles serán las principales líneas de actuación que afectan a la profesión. En este sentido, el mismo día de mi toma de posesión anuncié la disposición a evaluar y, en su caso, revisar la aplicación de la Ley de Tasas. También me referí a la mejora de algunos puntos concretos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo, recordé que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, tal como se recoge en el último texto, mantiene la incompatibilidad entre abogados y procuradores, que es la opción que continuaremos defendiendo. A todas estas materias habría que añadir la revisión de algunos aspectos de las pruebas de acceso tanto a la profesión de abogado como a la de procurador.
¿Podría explicar en qué puntos esenciales se centrarán los cambios para replantear la Ley de Tasas Judiciales después de tres años con el colectivo de abogados, especialmente, en contra, y ya teniendo encima de la mesa el TC un recurso contra la norma?
Me gusta recordar que formé parte del primer gobierno que impuso el sistema de tasas en la Administración de Justicia, porque entendimos que eran necesarias. Es verdad que era un sistema más limitado que el actual, pero que ya marcaba un camino. Aclarado ese punto, insisto en que mejorar la aplicación de la Ley de Tasas exige, en primer lugar, disponer de información real y fiable sobre la repercusión en impacto que ha tenido, para, por ejemplo, saber cómo está afectando a los usuarios puntuales o a los usuarios cualificados. De hecho, los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial reflejan que en las jurisdicciones donde más ha bajado la litigiosidad ha sido precisamente en aquellas en las que no hay tasas. Es decir, en Penal y en Social, que suponen el 83% de los procedimientos que se encuentran en los tribunales españoles. Por el contrario, la litigiosidad ha aumentado en el orden Contencioso-Administrativo y en el orden Civil, que, salvo en determinados supuestos y exenciones, están sometidos a la tasa. Este hecho, que puede ser contradictorio, nos obliga a la máxima cautela y al minucioso estudio de los cambios que puedan proponerse.
Desde este planteamiento, que exige un análisis sereno, y siempre tratando de lograr el consenso con los operadores jurídicos más directamente afectados, podremos enfrentarnos, si realmente fuese necesario, a la reforma de la Ley de Tasas. Por tanto, confirmo una actitud abierta a esa revisión, pero a partir de ese punto sería aventurado adelantar cuáles serían las modificaciones que llevaríamos a cabo.
¿Cómo ha pensado en reiniciar las relaciones con los diversos colectivos de la Justicia, con abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, registradores y procuradores, entre otros?
Más que reiniciar, pues este Ministerio de Justicia nunca ha cerrado sus puertas a ningún colectivo, estamos imprimiendo un nuevo ritmo y enfoque a las relaciones con los diferentes operadores jurídicos. En poco más de un mes, son múltiples los contactos y reuniones que he mantenido con los que serán destinatarios principales de nuestras reformas. Como recordaba antes, hasta he tenido la oportunidad de participar en un pleno del Consejo General de la Abogacía. He transmitido en persona esa voluntad de diálogo y búsqueda del consenso a las asociaciones de víctimas, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, a los representantes de numerosas organizaciones y, por supuesto, a los grupos parlamentarios, con los que mantuve un fructífero debate durante la comparecencia en el Congreso. Este ha sido el primer paso. A partir de ahora, continuaremos profundizando en esa vía hasta que identifiquemos aquellos puntos de encuentro que sean la base de acuerdos con los distintos afectados por las reformas, de forma que se transformen en soluciones estables. Este es nuestro método de trabajo.
¿Se está a tiempo durante la fase de tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales de mejorar la dotación para Justicia?
Es verdad que los Presupuestos Generales para 2015 todavía se encuentran en fase parlamentaria. Pero también es cierto que el nuevo equipo ministerial se ha incorporado en un momento en que, por parte del Gobierno, ese proyecto de Presupuestos ya estaba cerrado. Nunca se puede descartar algún cambio puntual, pero nuestros esfuerzos se van a centrar en gestionar lo mejor posible los recursos de los que disponemos. Ya he dicho en más de una ocasión que modernizar la Administración de Justicia y agilizar su funcionamiento no es solo una cuestión de presupuesto o de desarrollar una actividad legislativa innecesaria. Esa reforma de la Justicia la vamos a hacer modificando puntualmente aquellas leyes que sean aconsejables para mejorar el modelo; invirtiendo mejor en proyectos bien diseñados y viables, y, sobre todo, aprovechando lo mejor que tenemos: unos operadores jurídicos de probada profesionalidad. No hace falta insistir en que los abogados son uno de ellos.
Esa reforma de la Justicia la vamos a hacer aprovechando lo mejor que tenemos: unos operadores jurídicos de probada profesionalidad. No hace falta insistir en que los abogados son uno de ellos
¿En qué apartados concretos y más relevantes de la Justicia se destinarán para su mejora y avance las partidas presupuestarias previstas?
Después de unos años en los que los ajustes presupuestarios nos han afectado a todos, Justicia contará con un presupuesto que por primera vez en esta legislatura se incrementa respecto a los años anteriores. Si tenemos en cuenta todos los programas dependientes del ministerio, ascenderá a 1.599 millones de euros en 2015, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a las cuentas del año anterior.
Un aumento inferior al que a todos nos gustaría destinar a mejorar la Justicia, pero que supone un cambio de tendencia. Aun así, gracias a esa mayor disponibilidad, podremos mantener, e incluso reforzar, partidas con un marcado fin social como las destinadas a la justicia gratuita, a la lucha contra la violencia de género o a la asistencia a las víctimas.
Eso sí, en coherencia con la rotunda apuesta por agilizar el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales, la partida que más aumenta será la relativa a las inversiones para culminar algo en lo que el Ministerio de Justicia lleva años trabajando: la modernización de la Administración de Justicia para que pueda dar respuesta a las exigencias del siglo XXI. En 2015 ese impulso se verá redoblado sobre todo en materia de nuevas tecnologías.
Agilizar los tribunales estimulará el crecimiento económico y favorecerá la creación de empleo
La vicepresidenta del Gobierno ha manifestado la intención del Ejecutivo de impulsar el arbitraje como vía alternativa más rápida a los juzgados y tribunales. ¿Existe un proyecto para avanzar en la vía de interconectar los juzgados y desarrollar este tipo de soluciones?
Efectivamente, hace pocas semanas, la vicepresidenta del Gobierno hizo hincapié en una de nuestras prioridades: la necesidad de impulsar una nueva cultura de la Justicia para conseguir que la sociedad perciba que para defender unos intereses acudir a los juzgados y tribunales no es la única vía. Hay otras fórmulas de resolver esos conflictos. Sus palabras textuales fueron que “el arbitraje permite resolver conflictos con más agilidad, refuerza la autonomía de las partes y ahorra costes”. Yo no lo habría podido expresar mejor y me uno a su anuncio de que tendrá “un creciente protagonismo”.
Toda la sociedad, en especial los operadores jurídicos, debe saber que no estamos hablando solo de una declaración de intenciones. Es una apuesta clara y rotunda, entre otras razones porque sabemos que agilizar los tribunales estimulará el crecimiento económico y favorecerá la creación de empleo. El respaldo a la mediación y el arbitraje, que ya disponen de sus respectivas normas reguladoras, forma parte de este eje que apuesta por las soluciones más eficaces, al igual que lo es la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Estos mecanismos proveen a la sociedad de instrumentos que permiten resolver sus diferencias de un modo en ocasiones más rápido y económico que la vía judicial. No se trata de limitar o desplazar la tutela judicial, sino de reubicarla de tal forma que no sea siempre ni la única ni la primera opción para solucionar un conflicto. Recientes iniciativas legislativas, como la ya vigente Ley de Navegación Marítima o el Anteproyecto de Código Mercantil, facilitan ese recurso al arbitraje.
Aun así, para hacer factible que la mediación y el arbitraje sean percibidos como alternativas reales a nuestros juzgados y tribunales no basta con interconectar los órganos judiciales. Aunque es un asunto en el que estamos trabajando, nuestro planteamiento es más amplio. Partimos de que la mediación y el arbitraje, como alternativas y complemento de la Administración de Justicia, tienen también una innegable dimensión de servicio público. Sin embargo, que estos instrumentos lleguen a absorber un relevante número de controversias depende en gran medida de la confianza que generen entre ciudadanos y empresas tanto las instituciones de mediación y de arbitraje, como de los propios mediadores y árbitros. Confianza basada, además de en el trabajo bien hecho, en la transparencia que debe presidir todo el procedimiento: desde el nombramiento de los árbitros, a la instrucción, los fundamentos de los laudos y, también, sus costes y gastos, que ofrecen esa solución rápida y especializada que demandan una sociedad y una economía avanzadas.
Más de 59 millones se destinarán a la modernización tecnológica del sistema de la Administración de Justicia
Dentro de las reformas pendientes en el ámbito de los textos legislativos, como el Código Mercantil o la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, ¿qué prioridades dará su departamento hasta que acabe la legislatura?
En mi comparecencia en el Congreso de los Diputados ya anuncié cuáles serían esas prioridades y la forma de materializarlas a través del diálogo y el consenso. Un diálogo en el que queremos involucrar a todo el sector: a los profesionales que operan en él, a los funcionarios, a los abogados y a los procuradores. Durante mi intervención ya adelanté la intención de reformar aspectos concretos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del Código Penal que por su urgencia o por el hecho de que ya estén consensuados con el sector, puedan ver la luz en esta legislatura.
Respecto al Código Mercantil, creo que se trata de una de las iniciativas legislativas más complejas que podamos concebir. Pero sobre todo es una gran innovación, pues por una parte actualiza una legislación que data del siglo XIX, y por otra regula por primera vez relaciones contractuales que hasta ahora carecían de una cobertura jurídica específica. Además, es un anteproyecto que supone una oportunidad única para garantizar la unidad de mercado que acelere el crecimiento de la economía española. Por todo ello, el Gobierno no renuncia a esta iniciativa, aunque es consciente de lo ajustado de los plazos para su tramitación.
Y en cuanto a la Jurisdicción Voluntaria, recientemente se ha remitido a las Cortes el proyecto de ley que supone un avance sustancial en el proceso de modernización de la Administración de Justicia. Esta ley, cuando sea realidad, facilitará a los ciudadanos la tramitación y la resolución de numerosos expedientes que afectan directamente a sus derechos. Al mismo tiempo, tendrá un impacto positivo en la carga de trabajo de nuestros Tribunales, pues redistribuirá entre diferentes operadores jurídicos los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria que anualmente se tramitan en los juzgados. Confiamos en que sea una realidad en los próximos meses.
¿Considera suficientes los 59 millones de euros previstos para el desarrollo de las tecnologías de la información en el sistema de la Justicia? ¿En qué ámbitos tomará importancia esta inversión?
Qué duda cabe que si la situación económica lo permitiera y se pudiera destinar más dinero, se haría. Pero la experiencia de los gobiernos inmediatamente anteriores también nos ha demostrado que un mayor presupuesto no es garantía de mejores resultados. Por tanto, nos vamos a centrar en gestionar con la mayor eficiencia posible un presupuesto que en el capítulo de inversiones experimenta un crecimiento de 16 millones de euros –o lo que es lo mismo, un 26% más– hasta situarse en 77,5 millones, de los que, como usted me comentaba, más de 59 se destinarán a la modernización tecnológica del sistema de la Administración de Justicia, mientras que los 18 restantes irán al Plan de Infraestructuras y Equipamientos para, por ejemplo, continuar las obras de la Audiencia Nacional.
Pues bien, esos 59 millones de euros nos tienen que ayudar lo mejor posible a acabar con esa imagen equívoca de un juzgado como un almacén de legajos donde los asuntos de los ciudadanos se apilan en montones de expedientes repartidos por las dependencias judiciales. Es más, le puedo precisar nuestro objetivo: que los ciudadanos tengan una idea de la Administración de Justicia que se asemeje a la imagen de eficacia y agilidad que les inspira, por poner algún caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sabemos que este presupuesto no es suficiente pero tienen que contribuir a ese objetivo. Nuestras prioridades en esta materia serán avanzar en la mejora de los sistemas informáticos del Ministerio Fiscal y su interconexión con las aplicaciones informáticas de las oficinas judiciales; reemplazar la plataforma Minerva por el llamado Sistema Integrado de Justicia que, además, será puesto a disposición de todas las Comunidades Autónomas que deseen su implantación total o parcial; avanzar en el desarrollo del expediente electrónico en la Audiencia Nacional, e incorporar al uso del sistema de presentación telemática de escritos conocido como Lexnet a nuevos operadores, como ya lo han hecho los abogados, y a más Comunidades Autónomas con las competencias en la materia transferidas.
Como persona experimentada en el funcionamiento de la Administración Pública y dada la situación de crisis en el sistema público de pensiones, ¿considera necesario para los colectivos de la Justicia que el Gobierno fomente e impulse más decididamente las fórmulas privadas que dan cabida a la cobertura de la previsión social complementaria?
El Gobierno ha hecho todo lo posible por conciliar en su reforma fiscal las recomendaciones de diferentes organismos internacionales con el atractivo de las diferentes opciones de previsión social complementaria. Esta es una actitud que debe considerarse como el máximo respaldo que en estos momentos se puede ofrecer a estos sistemas de gestión privada. Un respaldo que, a su vez, es coherente con el compromiso con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre las que se encuentra fomentar otras formas de capitalización de ahorros para la jubilación. La larga y positiva experiencia que acumula la Abogacía, a través de sus propias entidades, en la gestión de esas fórmulas privadas de previsión social complementaria es, precisamente, uno de los factores que anima a este Gobierno a no renunciar a su mantenimiento.
De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué género de cine es con el que más disfruta?
Las comedias de Bill y Wilder las puedo ver una y otra vez. También las películas de los hermanos Cohen. Pero si tengo que elegir una película solamente, sería Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda.
¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
Tierra desacostumbrada, de Jhumpa Lahiri.
¿Dónde desaparecería en unas vacaciones ideales?
Reparto mi tiempo de vacaciones entre Galicia y Denia. Siempre consigo descansar y recargar las pilas allí.
¿Tiene alguna afición a la que dedica parte de su tiempo libre?
Aparte de pasar tiempo con mi familia y los buenos amigos, trato de encontrar ocasión para hacer algo de deporte. Desde niño forma parte de mi vida y lo echo de menos cuando no consigo sacar algunas horas a la semana para jugar un rato al tenis o al pádel.
