El desembarco de Axiom en España ya ha tomado forma. No utilizará su marca, sino que lo hará de la mano de Ambar, como anunciaron el pasado 11 de febrero. Como publicó el periódico El País, “la propuesta de Ambar es arriesgada e, incluso, provocadora. Pero nadie puede decir que no saben de lo que hablan”. Lo explica en el reciente artículo “Abogados de élite a mitad de precio”.
Quizás no seamos capaces de percibir aún el calado de esta noticia, pero sin duda trastocará los cimientos de las firmas tradicionales y del sistema de hora facturable. Lo cierto es que pone sobre la mesa, una vez más, la discusión sobre el low cost en la Abogacía.
¿Low cost o publicidad engañosa?
Quizás la mayor controversia entre los seguidores y detractores del llamado low cost tenga su origen, justamente, en lo que ambos entienden por este término. Hace pocos días, una oferta de un despacho online creado en plena crisis del coronavirus despertó las críticas de otros despachos laboralistas que lo calificaron de desleal o temeraria.
Lo exponían en el artículo “ERTE a 290 euros: ¿abogacía ʻlow costʼ o publicidad engañosa?”. Lo describían como el último episodio de la abogacía low cost, definiéndola como el “término que se emplea para describir determinados servicios jurídicos que, según sus defensores, pueden estandarizarse y prestarse de forma mucho más barata”.
Los detractores se refieren a esta oferta como “temeraria y engañosa” por no poder garantizar, por ese precio, una correcta tramitación del expediente. O como “contraria a toda ética y deontología profesional”. Los defensores, por su parte, admiten que, si pueden asumir ese precio y les renta, “¿por qué no? Es el mercado”. La pregunta queda en el aire: ¿se pueden estandarizar los ERTE? ¿Y otros servicios jurídicos?
Uberización de la profesión
Otro buen ejemplo entre ambas posturas lo encontramos en el artículo “La fiebre del ʻlow costʼ irrumpe en la abogacía”, publicado en Cinco Días a raíz del desembarco en el mercado legal del gigante tecnológico Amazon con IP Acelerator. Se trata de un producto para empresas que quieren obtener protección y registro de marca de forma rápida y barata.
En el mismo artículo están, por un lado, los que denuncian el riesgo de uberizacion de la profesión, con la participación de operadores no sometidos a control deontológico o colegial. En el lado contrario, se hallan los que defienden que el sector tiene que modernizarse, dejar el corporativismo atrás y adaptarse a la nueva realidad: servicios cada vez más fragmentados, sana competencia y uso de tecnología.
Low cost y calidad
A los profesionales de Ambar, como a muchos otros que prestan servicios legales llamados “alternativos”, no les preocupa que les tilden de firma low cost. “Si somos eficientes y ofrecemos un servicio de alta calidad, no nos disgusta que se nos conozca por nuestro precio”, remarca en el artículo Manuel Deó, consejero delegado de Ambar, quien, en todo caso, admite que su modelo “solo tendrá éxito si contamos con los mejores abogados”.
Ellos ofrecen el mismo servicio que cualquier gran bufete, pero de un modo que les permite rebajar su factura en aproximadamente el 50 %. ¿Cómo? Su modelo se basa en tres pilares fundamentales.
El primero, introduciendo un fuerte componente tecnológico en todos los procesos de la firma, automatizando todo aquello que no requiera supervisión humana. El segundo es adoptar una estructura empresarial “que elimine todos los costes que el cliente no aprecia porque no le dan valor añadido”. Por último, Ambar “elimina todos los incentivos a la ineficiencia”, es decir, no utiliza la hora facturable ni para facturar al cliente ni para evaluar a sus abogados trabajan bajo demanda.
